El Poder Judicial decidió admitir el pedido de la Procuraduría Pública Ad Hoc que busca una reparación civil de US$42 millones para cubrir tanto el daño patrimonial como extrapatrimonial en contra del ministro de Vivienda Durich Whittembury y las investigaciones que se le siguen por el presunto delito de colusión y asociación ilícita para delinquir.
"... en consecuencia, fundada la solicitud de constitución en actor civil de la Procuraduría Pública Ad Hoc… que ha establecido como monto de postulación de la reparación civil la suma de US$42,890,841.35 por daño extrapatrimonial y patrimonial, así como el monto de S/9,119,316.00 por daños extrapatrimoniales por el delito de Lavado de Activos", se lee.
El caso por el que está siendo investigado el ministro de Vivienda trata de un esquema de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos para proyectos de agua potable en Chimbote, Perú, específicamente el proyecto "Sistema de Agua Potable de Chimbote – Lote 4".
La investigación revela que en el año 2004 varios funcionarios públicos, incluyendo a Durich Francisco Whittembury Talledo, habrían coludido con la empresa Odebrecht y otras compañías para manipular los procesos de licitación y adjudicación de estos contratos.
Whittembury, junto con otros funcionarios, habría aprobado varias modificaciones al contrato original, incluyendo presupuestos adicionales que no contaban con sustento técnico o justificación adecuada. Estas modificaciones permitieron inflar los costos del proyecto y generar sobrecostos que perjudicaron al Estado peruano.
Se le acusa de haber incumplido con sus deberes al no realizar una adecuada revisión y evaluación del Expediente Técnico de la obra, lo que llevó a la aprobación de cambios y ajustes que no correspondían a las necesidades reales del proyecto.
Se alega que los involucrados, en complicidad con Odebrecht, llevaron a cabo actos irregulares para garantizar que esta empresa ganara la licitación bajo condiciones favorables, incluyendo la alteración de presupuestos y la asignación de sobrecostos. Esto generó un perjuicio económico significativo para el Estado peruano, con un sobreprecio calculado en varios millones de dólares.
Esta investigación también está siendo llevada contra Víctor Manuel Belaunde Gonzales, Eduardo Manuel Maguiño Arenaza, Werner Saúl Guevara Vargas, Cresencio Chuqui Lucio y otros funcionarios públicos que participaron en el esquema de colusión y corrupción vinculado al proyecto de agua potable en Chimbote. Todos ellos habrían tenido roles clave en la manipulación de las licitaciones.
A pesar de su amplio currículum, Whittembury ha sido objeto de controversias. En 2022, asumió el cargo de secretario general del Ministerio de Vivienda durante el gobierno del encarcelado Geiner Alvarado. Además, estuvo bajo la supervisión de Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores de esa entidad, quien se acogió a la figura de colaboración eficaz en el proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo.
El actual ministro de Vivienda también está vinculado a la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público contra Pedro Castillo por presunta organización criminal. Según dicha denuncia, Whittembury habría sido nombrado como parte de un plan para ocupar cargos estratégicos en instituciones gubernamentales con el fin de facilitar actividades ilícitas.
