AlianzAS, plataforma que aglutina a nueve patronales del sector de servicios esenciales, UGT y CCOO han firmado un documento conjunto en el que solicitan a la Administración Central y grupos parlamentarios la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para introducir una revisión de precios en la contratación pública de servicios, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sindicatos y patronal coinciden en esta petición, ya que la CEOE condicionó su apoyo a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a esta revisión para adaptar licitaciones en vigor a los incrementos de costes.
Las tres asociaciones han explicado en un comunicado que la Ley de Desindexación aprobada en 2015 “imposibilita la revisión de precios de una licitación pública” cuando incrementan los costes de las materias primas, la energía o laborales. Además, la actual legislación permite que los contratos firmados en el pasado se puedan prorrogar unilateralmente por parte de la Administración, sin tener en cuenta las nuevas circunstancias de encarecimiento de precios o la evolución de la legislación laboral.
“El estrangulamiento financiero que sufren las empresas prestatarias de servicios esenciales les impide a su vez abordar mejoras salariales y de las condiciones laborales de los trabajadores del sector”, argumentan. Estos servicios representan una parte fundamental de la economía española al generar más de 30.000 millones de euros de facturación y dar empleo a más de 1,2 millones de trabajadores.
En los últimos años, los empleados públicos no han dejado de aumentar en España, y se prevé que sigan aumentando en los próximos años. Según datos publicados por el Ministerio de Función Pública, en enero de 2024 había casi tres millones de trabajadores públicos en nuestro país, 3.000 más que en el mismo mes del año pasado. Esto significa que, en nuestro país, el 16,9% de las personas ocupadas están trabajando en el sector público.
En España, los funcionarios se dividen en tres grupos: los que dependen del sector público del Estado (17,9%), como la Guardia Civil o la Policía Nacional; los que dependen de las comunidades autónomas (62,7%), como los empleados de las instituciones sanitarias; y los que dependen de las entidades locales (19,4%). Cabe destacar que el número de empleados públicos del Estado y de las comunidades autónomas se ha incrementado respecto a los que se registraron en julio de 2022, mientras que los de las entidades locales han caído.
Si se comparan estos datos con los del resto de Europa, nuestro país se sitúa en línea con la proporción del 17% de empleo público de la Unión Europea, siendo Suecia el país de la UE que cuenta con más empleados públicos, un 29% del total de su población.
