Diversos funcionarios del gobierno actual y del entrante han estado haciendo un esfuerzo silencioso entre los grandes inversionistas globales, argumentando que la reforma judicial, a la que se ve como algo inminente, no va a generar incertidumbre en materia de impartición de justicia.
Sin embargo, por lo que se aprecia, no han sido convincentes.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, apenas este lunes insistió en ello:
“No tienen de qué preocuparse los inversionistas nacionales y extranjeros, va a haber un mejor Poder Judicial en México… Que sepan los inversionistas nacionales y extranjeros que sus inversiones van a estar bien cuidadas en México y que esta reforma al Poder Judicial, al revés, lo que fortalece es la democracia y la justicia en nuestro país, y eso es lo que queremos todos en México”.
Aunque lo ha señalado una y otra vez, la realidad es que entre la comunidad inversionista, tanto los que compran activos financieros del país como entre los que hacen inversión física directa, persisten serias dudas.
Uno de los indicadores de ello es el tipo de cambio del peso frente al dólar.
Desde el 31 de mayo, la víspera de las elecciones, hasta el día de ayer, el dólar se ha encarecido en 18 por ciento.
Han dicho las autoridades que esto ha sucedido por factores externos. Esto es cierto solo en una pequeña parte, pues el índice del dólar frente al conjunto de divisas muestra una apreciación de solo 3 por ciento en ese lapso.
En otros casos, como en el real brasileño, la depreciación fue de 7.8 por ciento en el mismo periodo; o en el peso chileno de 3.5 por ciento.
No cabe duda de que hay muchos ingredientes locales que han conducido a que nuestra moneda sea de las más golpeadas en los últimos meses.
A pesar de que la depreciación del peso es el signo más visible, no es lo más preocupante, pues simplemente corrige lo que para algunos era una apreciación excesiva.
Si tomamos la paridad que existía cuando tomó posesión López Obrador, y la actualizamos usando el diferencial de inflaciones entre México y Estados Unidos (32.9 por ciento para México y 24.8 por ciento para EU), que es de 6.5 por ciento, tendríamos una paridad de 21.48 pesos por dólar, de la que estamos todavía lejos… por ahora.
Lo realmente preocupante con relación a las implicaciones de la reforma judicial en la economía es la incertidumbre que causa.
Hay diversos testimonios de proyectos de inversión que ya se han pospuesto a la espera de tener señales más claras de lo que esta reforma puede significar.
El diario The Wall Street Journal, citando a representantes y asesores de empresas, calcula en 35 mil millones de dólares el monto de recursos que se están reteniendo a la espera de que haya claridad respecto a las implicaciones de la reforma.
Desde luego todo es especulativo. Pero, lo que es un hecho es que el índice de inversión fija bruta creció solamente 1.6 por ciento en el lapso enero-junio de este año (medida con series desestacionalizadas) y en el mismo periodo del año pasado lo había hecho a un ritmo de 14.8 por ciento.
Es obvio que no se están deteniendo todas las inversiones. Los proyectos en curso siguen en su mayoría. Y algunos proyectos nuevos también tienen luz verde para arrancar.
Pero, sí es un hecho que un buen paquete de inversiones nuevas se ha frenado.
Diversos consejos de administración de diversas empresas, nacionales y foráneas, han preferido hacer un alto en el camino y esperar a que el polvo se asiente en este contexto de turbulencia política.
La buena noticia es que hasta ahora no se tiene noticia de cancelaciones definitivas de proyectos.
No tienen la certeza de que la reforma vaya a resultar en un sistema judicial que deje sin protección las inversiones. Pero, tienen dudas fundadas.
Si se confirman en los próximos meses, no sería extraño que el rango bajo que hace poco formuló el Banxico, de un crecimiento de 0.4 por ciento para el 2025, sea más bien optimista… y lo que falta.
