Las compañías tendrán que informar de los "costes fidedignos de producción, investigación y desarrollo, así como de las fuentes de financiación" para que sus productos se evalúen e incorporen al Sistema Nacional de Salud, según marca un proyecto de decreto que el Ministerio quiere aprobar próximamente
Revocar la venta de un fármaco porque no hace nada: el extraño caso que confunde a los médicos
El Ministerio de Sanidad obligará en los próximos meses a los laboratorios a rendir cuentas sobre cuánto les ha costado producir, investigar y desarrollar un producto como parte del proceso ordinario de evaluación para incluirlo en el Sistema Nacional de Salud. Las negociaciones entre las instituciones sanitarias y las farmacéuticas encierran todavía opacos procesos y con este paso, asegura el equipo de la ministra Mónica García, se quiere avanzar a favor de la transparencia.
La medida, que forma parte de un paso previo a la fijación de los precios, está recogida en un real decreto que regula la evaluación de las tecnologías sanitarias y que se encuentra desde agosto en fase de consulta pública. “El desarrollador de una tecnología en evaluación está obligado a aportar los costes fidedignos de producción, investigación y desarrollo, así como de las fuentes de financiación de estos costes, públicas o privadas”, dice el artículo 23 del proyecto del texto, que todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y puede sufrir cambios. Estas tecnologías abarcan desde medicamentos a procedimientos médicos y quirúrgicos.
“Es la primera vez que se va a exigir conocer realmente lo que han invertido. Hasta ahora era como la gallinita ciega, lo que permitía maximizar los beneficios”, explica Ángel María Martín, vicepresidente de la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento (AAJM).
La organización está satisfecha con la decisión de Sanidad, aunque ha presentado alegaciones para ir más allá. Quieren que los datos que se aporten sean determinantes a la hora de establecer los precios de manera que los beneficios que se embolsan los laboratorios, que consideran excesivos, se rebajen para ahorrar dinero a las arcas públicas.
Es la primera vez que se va a exigir conocer realmente lo que invierten. Hasta ahora era como la gallinita ciega, lo que permitía maximizar los beneficios
España aprobó en 1990 un decreto (271/1990) que marcaba que los precios debían fijarse en función de los costes, “pero en la práctica no se cumple, aunque no esté derogado”, aseguran desde la AAJM, que espera que esta nueva regulación “no se vuelva a quedar como un florero”.
En general, el precio de los medicamentos en España sigue siendo un misterio. Se conoce el coste máximo que las administraciones pueden pagar por los tratamientos, pero la cantidad que se paga por algunos fármacos es un secreto que durante años tanto las farmacéuticas como Sanidad han guardado.
Sin embargo, en el último año el equipo que dirige García ha cambiado la postura del Ministerio en dos procesos judiciales y está dispuesto a revelar cuánto cuestan el Veklury (remdesivir) y Yescarta (axicabtagén ciloleucel), dos tratamientos del laboratorio Gilead. Este viraje de rumbo también se constata de alguna manera con el decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, si finalmente se aprueba el texto tal y como redactado en el proyecto. El Ministerio también pretende sacar adelante próximamente una nueva ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento que contemplará un apartado relacionado con los precios, según fuentes ministeriales.
El gasto farmacéutico en España ha crecido de enero a mayo, según los datos aportados por AAJM a partir de los ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, más de un 8% respecto al mismo periodo del año anterior, un aumento de 761 millones de euros. En 2023 la cifra total sobrepasó los 23.000 millones. “Los costes que se están pagando por los medicamentos están muy lejos de los de producción”, sostiene la asociación, que lamenta que esto es “perjudicial para los intereses públicos”.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha prohibido recientemente al laboratorio Teva Pharma la venta de un anticoagulante oral muy usado, comercializado con el nombre de Apixabán, cuya patente pertenece a otra compañía (Bristol Myers Squibb). La versión de la primera farmacéutica –que pidió que expirara la patente de la segunda– es génerica y, por tanto, tiene un precio mucho menor.
El restablecimiento del monopolio es un caso sin precedentes, fruto de la guerra entre dos compañías, que tendrá implicaciones para el sistema público y sus pacientes: las comunidades autónomas deberán pagar 380.000 euros diarios más (138 millones al año) para financiar los tratamientos de más de 300.000 pacientes, según El País. Cada caja del genérico cuesta un 45% menos (45,08 euros) que las del fármaco de marca (81,96 euros), llamado Eliquis. La Asociación para el Acceso Justo al Medicamento ha pedido al Ministerio de Sanidad que recurra esta decisión judicial para evitar un sobrecoste al sistema.
