Un total de 29 oenegés de derechos humanos pidieron este lunes la renovación urgente del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que concluiría de lo contrario en octubre, en un contexto de «intensificación de la represión postelectoral» en ese país.
«Interrumpir el trabajo de la misión en un momento tan crucial tendría implicaciones negativas para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población en general, y podría incentivar aún más al Gobierno venezolano a continuar su brutal represión», señalaron en un comunicado conjunto.
La misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y que completan el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, fue creada en 2019 por orden del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objeto de investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros tratos crueles, humanos y degradantes cometidos desde 2014.
Renovada ya en dos ocasiones (2020 y 2022), la misión que impulsaron en el Consejo varios países latinoamericanos y Canadá ha emitido diversos informes en los que ha acusado a las autoridades venezolanas, incluido el presidente Nicolás Maduro, de posibles crímenes de lesa humanidad.
Su trabajo debe continuar, aseguraron las organizaciones firmantes, en un momento de violenta represión de las manifestaciones de protesta por la falta de transparencia de los comicios del 28 de julio, en la que se han denunciado más de 20 muertes y 2.400 detenidos.
Esa represión es un indicador de que «la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca», afirmaron las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó ganador de las elecciones del 28 de julio a Maduro sin presentar, como exige la ley, las actas de votación desagregadas, que sí fueron publicadas por la oposición para apoyar sus denuncias de fraude y su afirmación de que su candidato, Edmundo González Urrutia, desde este domingo exiliado en España, fue el ganador por una amplia ventaja.
El gobierno venezolano alega que las actas publicadas en internet son «falsas» y no ha presentado hasta ahora las que probarían que Maduro ganó.
El próximo 19 de septiembre será presentado un nuevo informe de la misión de la ONU en Venezuela durante la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que comenzó este lunes y al término de las cinco semanas de debates, en la segunda semana de octubre, debería votarse la renovación de mandato.
Deberá obtener para esa renovación el voto mayoritario del Consejo formado por 47 Estados miembros de la ONU, en el que la representación latinoamericana la forman actualmente Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Honduras y Paraguay.
Otros países actualmente parte del Consejo son Estados Unidos, China, India, Francia, Alemania y Japón.
Entre las ONG firmantes del comunicado conjunto están, además de AI y HRW, AlertaVenezuela, Centro de Justicia y Paz, Espacio Público, la Comisión Internacional de Juristas, Laboratorio de Paz, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y la Organización Mundial contra la Tortura, entre otras.
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