La caldera, los atardeceres en Oia o pasear por las estrechas callejuelas de Fira, en Santorini, se han convertido en un auténtico infierno. El pasado mes de julio, un concejal pedía a los algo más de 15.000 residentes permanentes de la isla que se confinasen en sus casas durante unas horas para que la perla del Egeo pudiera acoger a los cerca de 17.000 turistas que desembarcarían en media docena de cruceros. Según datos de la Asociación Helénica de Puertos, el año pasado cerca de 1,3 millones de pasajeros desembarcaron en la isla en 800 cruceros. Se calcula, además, que de los 32,7 millones de personas que visitaron Grecia durante 2023, cerca de 3,4 millones -o uno de cada diez turistas- visitaron Santorini. «Nos preocupa la situación en algunas de las islas; todo lo que tiene que ver con los cruceros y, en particular, lo que sucede durante algunos meses del año», afirmaba este sábado Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, durante la 88ª Feria Internacional de Salónica antes de anunciar el paquete de medidas para hacer frente al impacto del turismo masivo en las regiones más vulnerables del país. Entre ellas y, sin duda, la más esperada por los griegos, destaca aquella que establece una tarifa para todos aquellos turistas que desembarquen en cruceros en cualquier puerto del país y que, en el caso de las masificadas Miconos y Santorini , el importe asciende a los 20 euros por persona . Además, la denominada Tasa de Resiliencia contra la Crisis Climática aumentará proporcionalmente entre los meses de abril y octubre para hoteles, hostales y apartamentos turísticos. Según aseguró el político griego, buena parte de estos ingresos regresará a las comunidades locales, para mejorar las infraestructuras que sufren una enorme carga durante los meses de verano. «Grecia no tiene un problema estructural de turismo excesivo... Algunos de sus destinos tienen un problema significativo durante ciertas semanas o meses del año, con el que debemos lidiar», añadió. Las medidas anunciadas por Mitsotakis son, según afirma su gabinete, de carácter regulatorio y tienen como objetivo lograr que el desarrollo turístico mejore la calidad del producto ofrecido, eleve los ingresos y reduzca el impacto de la masificación turística sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los residentes permanentes de los lugares más congestionados. Además de las medidas anunciadas por Mitsotakis, el pasado julio se estableció un límite de 8.000 cruceristas diarios que puedan desembarcar en Santorini, norma que entrará en vigor desde el próximo año. Como forma de abordar la crisis de la vivienda Mitsotakis anunció, además, la paralización durante un año de la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos en los barrios céntricos de la capital griega e incentivos para los propietarios que opten por alquileres a largo plazo como la exención del impuesto de alquiler durante tres años para todos aquellos que opten por retirar sus inmuebles de las plataformas de alquiler a corto plazo o para los propietarios de las más de 700.000 viviendas cerradas (400.000 de ellas solo en la región del Ática) que decidan alquilarlas a largo plazo. A pesar de la dureza de las medidas, el primer ministro heleno quiso hacer hincapié en que Grecia no es un país hostil al turismo. Hay que tener en cuenta que, en 2023, el 13 por ciento del PIB de Grecia provino del turismo.
