Las y los ministros de Estado son, como en el ajedrez, las piezas centrales dentro de la estrategia de juego del Gobierno de turno. En un esquema democrático de contienda política, el tablero que sirve de escenario suele estar montado en la esfera pública. Pero esto no ocurre hoy en el Perú.
No quiere decir que en democracia toda decisión política goza de total transparencia, siempre existen áreas más opacas –a manera de cajas negras de la gestión pública– que quedan reservadas de forma exclusiva para los tomadores de decisión. Pero las estrategias centrales, digamos que las principales jugadas, son inteligibles para el gran público, pues a fin de cuentas requieren de mínimos de legitimidad social.
En esta línea, la salida o la permanencia de ministros de Estado suele responder a esquemas de valor público. Al rol que han desempeñado en su cargo, mirado desde la perspectiva de las y los ciudadanos, así como el peso que adquieren o pierden en relación con otros actores políticos con relativo peso en el esquema de alianzas de Gobierno. Los últimos cambios en las piezas del Gobierno de Boluarte no dan cuenta de este tipo de razonamiento político detrás.
Como diría el sociólogo Danilo Martuccelli, en todo sistema político los actores tienen intereses particulares, pero hacen el esfuerzo de fundirlos con intereses colectivos, públicos, dándose el trabajo de argumentar, dentro de una narrativa política, las decisiones que se toman. El deterioro al que ha llegado el quehacer político peruano lleva a que nuestras autoridades o los líderes partidarios no hagan el menor esfuerzo por justificar sus acciones, no las dotan de racionalidad ni buscan darles sentido.
Pocas semanas atrás, el excanciller González-Olaechea era tratado como una especie de héroe nacional por parte importante de los partidos y líderes políticos de la derecha peruana que sostienen el régimen de Dina Boluarte. Su enardecido discurso en la OEA contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se llevó sus palmas. Más aún cuando a la par González-Olaechea en el Perú rechazaba la injerencia de la CIDH o de relatores de Naciones Unidas que expresamente señalan preocupación por la violación a los derechos humanos en nuestro país.
El excanciller era útil en su doble discurso, de rechazo a la dictadura en Venezuela, pero de encubrimiento de los principales responsables de las muertes que sostienen el régimen de Boluarte en el Perú. Peor aún, siendo el principal promotor de una norma que busca restringir e incluso censurar el trabajo de las ONG peruanas incómodas al régimen de Boluarte y al bloque de poder que la sostiene, opositores a la defensa de los derechos humanos y del enfoque de género. Norma muy parecida a la que se aprobó en Venezuela recientemente y que está inspirada en una que rige hace ya un tiempo en la Nicaragua de Ortega.
¿La salida de González-Olaechea representa un viraje de la presidenta en su línea de alianzas políticas de Gobierno? Me parece absurdo pensar eso. No creo que ni la reacción de las embajadas de la Unión Europea a la acción del canciller por la norma de control a las ONG ni su posicionamiento en el bloque anti-Maduro estén detrás de la decisión.
Son entonces otros los intereses que dominan el quehacer de la mandataria.
Tiene más sentido que la extrema visibilidad del canciller, a modo de showman, ponga más luces de las deseadas en el propio Gobierno de Boluarte y en las manchas que lo marcan en relación con el respeto a derechos humanos en el país frente a la comunidad internacional. Su salida responde a otro tablero de juego.
Similar es el caso de Hania Pérez de Cuéllar, exministra de Vivienda y Construcción, conocida popularmente como la ministra del Rolex chino. Una de las principales defensoras de Boluarte, incluso en su momento de mayor debilidad por los “préstamos” de joyas de su Wayki (en la sombra).
Cuando en el norte del país se armó un rechazo casi unánime a la ministra Pérez de Cuéllar por la pésima ejecución de obras de prevención por parte de su ministerio –que fallaron en cuanto cayó la primera lluvia–, Boluarte no dudó en mantenerla. La pregunta es ¿por qué entonces la saca ahora? Peor aún ¿por qué la reemplaza por un personaje vinculado a Geiner Alvarado y al Fondo Mivivienda cuando hay una investigación en curso contra Pedro Castillo y Sada Goray que podría involucrarlo?
El video dejado por la exministra muestra claramente su malestar. No se esperaba el cambio y ninguno de los pronósticos lanzados previamente al anuncio incluía a Pérez de Cuéllar entre los cambios en el gabinete.
El motivo detrás de la decisión de Boluarte se sabrá en algún momento, pero es meridianamente claro que responde a otro tipo de intereses, diferentes de los públicos.
Siguiendo a Martuccelli, la política peruana parece haber dejado el gran escenario público y se ha llenado de pequeños tinglados, estructuras precarias que se montan y se desmontan, que sirven para pequeñas partidas, juegos menores, representaciones ad hoc. Que responden a intereses de los actores de turno y que tienen operadores especializados que logran montar y desmontar rápidamente estos tinglados.
Movidas en el gabinete que resultan poco comprensibles, manteniendo en el cargo a ministros como Santiváñez, pese a los audios de Culebra, o a Manero, pese a su afrenta a los más pobres del país, responden a lógicas de acción que no pasan por los cánones tradicionales.
Identificar estos tinglados, sus lógicas y operadores es pues una tarea central hoy en día en el país.
