Ante riesgos, Consejo Agropecuario NL propone mejoras en reforma judicial
El Consejo Agropecuario Nuevo León señaló que la propuesta de reforma al Poder Judicial presenta riesgos para la población y para los mismos que la realicen, que afectaría derechos, la calidad de vida de la sociedad y la certidumbre jurídica, hace un llamado a revisar algunos puntos clave del dictamen ya aprobado por los diputados, además presenta propuestas.
“Creemos que es indispensable contar con una adecuada selección de jueces y magistrados para garantizar que quienes impartan justicia sean personas capacitadas y con una trayectoria intachable”, indicó el organismo.
“Y para esta elección”, agregó, “consideramos que se debe basar en su capacidad técnica, experiencia profesional, ética y reputación, para que no se generen dudas sobre la legitimidad de los seleccionados y que no generen gastos excesivos al erario”.
Para el Consejo Agropecuario NL la permanencia de los jueces debe depender únicamente de su desempeño, bajo criterios claros, objetivos y transparentes, con lo que se aseguraría contar con juzgadores competentes y honorables.
Agregó que dicha evaluación debería estar a cargo del nuevo órgano de administración de justicia, y no del órgano disciplinario, para no mezclar las evaluaciones administrativas con las sanciones.
El organismo advierte que la implementación de la reforma judicial también presenta desafíos, de modo que si se aplica de manera apresurada podría ralentizar la resolución de casos, generar vacíos en la impartición de justicia y afectar la calidad de las sentencias.
Para ello, el Consejo Agropecuario NL propone una transición gradual que permita a los nuevos jueces adaptarse al sistema y a quienes ya están en funciones, adecuar sus prácticas.
Además, consideró que para que la reforma cumpla con su objetivo primordial de asegurar una impartición de justicia pronta y expedita, no debe centrarse exclusivamente en el Poder Judicial y su alcance tendría que abordar la problemática de las fiscalías, ministerios públicos, defensorías públicas, policía y autoridades administrativas, ya que son quienes atienden de primera instancia las necesidades de la gente y, con base en los elementos que presentan, los jueces y magistrados dictan las sentencias correspondientes.