Inició el peor mes del sexenio. AMLO, enloquecido, rindió un último informe de gobierno lleno de mentiras, falsos datos y halagos a su propia personalidad; de una forma tan patética que pasara a la historia como una pieza de oratoria digna de un análisis de contenido falaz y engañoso.
Avalado por una votación histórica que valida el camino al autoritarismo. Pero a medida que los votantes se dan cuenta del engaño se movilizan en contra de las reformas que pretenden acabar con el Estado de Derecho en México. Cada vez son más las voces que se alzan contra la reforma del Poder Judicial que lo anularía, así como de la desaparición de los órganos autónomos que ejercieron una función autónoma importante en materia de información pública, energía, transparencia, certeza, legalidad, aspectos especializados de competencia, en telecomunicaciones, y otras áreas especializadas en la toma de decisiones.
Desde 1968 los estudiantes no tomaban las calles. Seguidos por trabajadores y sociedad civil, quieren diálogo para formular una reforma que no acabe con el Poder Judicial federal, en la forma planteada, pues es altamente regresivo. No aporta para combatir corrupción y mucho menos a mejorar la administración de la justicia; y la elección de jueces, magistrados y ministros es una simulación para apropiarse de ese poder. Acabar con la cerrera judicial y dejar en manos inexpertas asunto especializados en lo civil, lo penal, lo mercantil y tantos otros campos es un suicidio.
Elegir jueces y magistrados sin capacidad, ni exámenes de confianza, ni experiencia es poner a remate la justicia. Venta de garage, cada quien compra a su juzgador. Lo mismo narcotráfico, que empresas y claro, todo con la conformidad del gobierno, incluso con su impulso en decisiones que le interesen.
Acabar con el Estado de Derecho es un riesgo histórico que cambiará al país. Sería otro sistema político. Quedó solo pendiente la reforma electoral, porque sin aliados, Morena no puede asegurar su mayoría. Pero como tampoco los necesita, la situación está en análisis para ver qué tanto le aportan. Por lo pronto. en el actual Pleno, con la sobrerrepresentación truqueada, los necesitan para logar los votos para sus reformas, por eso hay pausa. Después ya veremos.
Mientras tanto, las preguntas flotan en el aire. Sheinbaum pidió un proceso aseado del procesamiento de las reformas. Respetar el proceso legislativo. Sin embargo, los jueces de Morelos y Chiapas pidieron que se evitara la aprobación, alegando que se lesionan los derechos de los quejosos y hecha la reforma no tendrán defensa alguna de sus derechos humanos. Monreal dice que la toga y el birrete no tienen autoridad sobre el Congreso, pero el tema es la ley, no la vestimenta. Es definir si la demanda de amparo procede. Y al final tenemos, aún, a la SCJN para definir la procedencia.
Por lo pronto, y aunque no aplique la retroactividad, la SCJN dio entrada a definir los criterios de sobrerrepresentación que deben ser aplicados conforme al texto constitucional. Su fallo podrá no aplicar, pero las repercusiones nacionales e internacionales serán de gran importancia.
Sheinbaum heredará las reformas del septiembre negro, pero para hacerla funcionar tendrá graves problemas, tanto administrativos como jurídicos, pero también políticos y sociales ¿Pensará reprimir el movimiento estudiantil y de trabajadores? ¿Decidirá abrir el diálogo con opositores o seguirá ignorándoles con base a la elección pasada? ¿Intentará mantener la polarización y asumir sus nuevas atribuciones autoritarias para imponerse tanto en su partido como en el país? ¿Podrá lograrlo sin caer en un mayor costo? Ya se acerca octubre e iniciará su mandato.
