Todas las instituciones de una sociedad tienen ideología. Y las que niegan su verdadera naturaleza son las que con más ahínco militan en ella
No se dejen engañar: en el entreverado debate actual todo se mezcla sin contar con el espectador. Una cosa es la pretendida autonomía, o la independencia funcional, del Banco de España, y otra, su tendencia a adoptar decisiones y a emitir recomendaciones de política económica. A hacer política, en definitiva.
Todas las instituciones de una sociedad tienen ideología. Y las que niegan su verdadera naturaleza son las que con más ahínco militan en ella.
A finales de los años setenta, España atravesó una crisis que amenazaba con obstaculizar decisivamente la transición a la democracia. El Banco de España fue clave para frenar una epidemia financiera que se llevó a más de cincuenta bancos.
Pero el resultado no fue neutro: la oligarquía financiera, el club de los siete grandes bancos españoles, absorbió buena parte de las oficinas de las entidades quebradas o en apuros, y la puesta en marcha de nuevas instituciones, como el Fondo de Garantía de Depósitos o la Corporación Bancaria, incrementó la solvencia general, pero a cambio de cerrar el debate sobre las nacionalizaciones, un tema que figuraba en el programa de la mayoría de los partidos de izquierdas. El Banco de España emergió entonces como un actor clave, como un prestigioso y casi incuestionable juez de la política económica en España.
En los años ochenta el todavía banco emisor practicó una política de elevadísimos tipos de interés que perseguían mantener el valor de la moneda, la peseta, y luchar contra la inflación, mayoritariamente importada de la crisis del petróleo. El resultado tampoco fue imparcial, y, pese a que la inflación se frenó a tasas relativamente soportables, se normalizó un nivel de paro que llegó a superar el 20%.
Por entonces, las posiciones ideológicas de los mandatarios del banco eran bastante explícitas: lo primero, la inflación, y lo segundo, el desempleo. El mercado laboral debía flexibilizarse, y los salarios, moderarse. Los gobiernos de Felipe González se enfrentaron a los sindicatos y complementaron desde sus ministerios las enseñanzas y directrices del banco central español, que a principios de los noventa se vio privado de su gobernador más decidido y carismático, el malogrado Mariano Rubio Jiménez.
A finales de 1994 era intervenido de urgencia el Banco Español de Crédito, Banesto. El regulador adjudicó dicho banco al Santander, presidido por Emilio Botín, que se convertiría en el gran patrón de la banca española. Mario Conde, expresidente de Banesto, y tercera vía al bipartidismo en los años noventa, comenzó entonces su hundimiento carcelario.
Otro gigante financiero, el BBVA, terminó su unificación en 1999, y en el 2000 presenció la definitiva toma de poder de Francisco González, designado por el PP para colonizar la banca pública (Argentaria) y privada (BBV). El Banco de España estaba por entonces dirigido por el técnico comercial y bróker financiero Jaime Caruana -procedente de Renta 4-, que, desde 1996 a 1999, había sido director general del Tesoro y Política Financiera bajo el mando del ministro económico Rodrigo Rato.
Una denuncia contra los consejeros del antiguo BBV, algunos de estos relativamente cercanos al Partido Nacionalista Vasco y al PSOE, puso en marcha una investigación por parte del banco central y terminó con la renuncia de la vieja guardia en el consejo del BBVA. Jaime Caruana, que procedía del mismo ámbito profesional que Francisco González, el presidente de la entidad, forma parte actualmente del consejo de administración del banco.
El nombramiento, en 2006, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, como gobernador del Banco de España, levantó las críticas del Partido Popular, al ser un significado miembro de la rama liberal del PSOE y provenir de la secretaría de Estado de Hacienda. MAFO, que conocía la existencia y los riesgos de la burbuja inmobiliaria, hizo mutis oficial y exigió posteriormente que el mercado laboral español absorbiera los detritus de la descomunal crisis organizada.
Todos estos breves relatos y otros de los muchos que la entidad que da a la Plaza de Cibeles acumula nos sirven para confirmar lo afirmado inicialmente. Que la política existe y está en todas partes. Que los bancos centrales puedan hacer de contrapeso a unos gobiernos demasiado orientados al corto plazo no los convierte en entes políticamente ciegos y científicos. La política económica, la regulación e incluso el análisis de las variables más importantes tratan de ofrecer respuestas a interrogantes. Pero tanto la forma de plantear estos como la decisión de no hacer determinadas preguntas vienen influidos por ideologías, por valores, principios e incluso normas institucionalizadas.
El nombramiento del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España, ha sido visto por el PP como el enésimo paso colonizador de las instituciones por parte del PSOE. El tiempo demostrará si Escrivá –que proviene del BBVA y que ya formó parte de un gobierno del PP–, es un delegado del primer mandatario de La Moncloa, o el invidente juez de la política económica en España.
Pero tanto la entidad de Cibeles como la de Sonnemannstrasse, en Frankfurt seguirán siendo catedrales políticas. En esta última reside el Banco Central Europeo, el banco de bancos de la Zona Euro, y el que determina en primera instancia la política monetaria. El que, desde 2012, mantiene viva nuestra economía al garantizar la solvencia de la deuda pública nacional. Una elección puramente política, y una decisión que se ha convertido en uno de los pilares de la Eurozona en estos nuevos tiempos de inestabilidad. La despolitización no es más que una politización en traje de gala, una ideología sin sonido. Quitémosle el volumen o nos dejará sordos.
