En el actual contexto de incremento exponencial de la minería ilegal en las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali, reportes periodísticos indican que esas regiones concentran 783 concesiones mineras otorgadas, de las cuales el 65,1% se otorgaron entre el 2020 y 2024.
En el caso de los cultivos ilegales, en 2023, se identificó que el 71% de éstas plantaciones ilícitas se ubicaban en áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o territorios indígenas. Además, se sabe que el 64% de la pérdida de bosques está relacionada con la expansión de estos cultivos. Finalmente, entre 2018 y 2022 la pérdida anual ha sido en promedio de 110 mil hectáreas (Global Forest Watch).
Ante el escenario actual de ilegalidades e incremento de amenazas para los pueblos indígenas de nuestra Amazonía, emergen innovaciones y estrategias de defensa del territorio como las Guardias Indígenas y los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA), estos últimos proponen el reconocimiento del territorio indígena no sólo por comunidades, sino por territorios integrales mucho más extensos.
Territorios indígenas y áreas naturales protegidas establecidas en la Amazonía enfrentan un enemigo común. Casos como el de la Reserva Nacional Tambopata, afectada por minería ilegal en Madre de Dios, o las denuncias del GTA Wampis frente al ingreso de mineros ilegales en la Reserva Comunal Chayu Nain, en Amazonas, son ejemplos concretos de que es necesario actuar desde la defensa. Más aún, teniendo en cuenta que, entre comunidades tituladas de pueblos indígenas y áreas protegidas amazónicas, hablamos del 43% de toda la Amazonía peruana.
Si partimos de la convicción de que es mejor asegurar el territorio amazónico frente a estas amenazas, la clave es avanzar en asegurar aún más territorio. La cuestión es ¿qué caminos podemos tomar para dicho fin? Es necesario establecer consensos frente a estas amenazas, cerrar filas y sostener una estrategia que resalte los beneficios de los bosques y la Amazonía, tanto para quienes ahí habitan, como para la humanidad en general. Bajo este consenso, es necesario no sólo repensar el modelo de desarrollo que justifica el aprovechamiento indiscriminado de recursos, sino las relaciones entre los diferentes actores involucrados.
Un diálogo entre los GTA y los sectores de la conservación se plantea como urgente, no sólo para mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas o abordar tensiones en procesos de establecimiento de nuevas áreas, sino para proteger los territorios indígenas desde un enfoque integral. Por ejemplo, es necesario: Discutir la evolución y la necesidad de ajustes en el marco legal del derecho al territorio indígena, identificar alternativas para transitar a procesos, no sólo que reconozcan de manera más diligente los territorios, sino que tracen una ruta que avance a reconocer territorios integrales. (2) Debatir la mirada sobre el aprovechamiento de los recursos desde las expectativas y necesidades locales, permitiendo la promoción de emprendimientos económicos, pero sostenibles y articulados a cadenas comunitarias. Diseñar una agenda articulada de defensa de los territorios frente a la ilegalidad, que incluya una de protección a defensores y defensoras, que son quienes la enfrentan directamente. Establecer un proceso sincero de evaluación sobre los aprendizajes y logros de las áreas protegidas y su relacionamiento con los actores locales. Esto puede incluir reflexiones sobre la viabilidad o ajustes de los modelos de gestión, e incluir nuevas propuestas como las que vienen sosteniendo algunos pueblos en la Amazonía, denominadas áreas de conservación indígena.
Hoy, la ilegalidad, una versión del modelo económico actual ante la ausencia estatal, viene ganando la batalla. Asegurar el territorio, protegerlo y conservarlo es una urgencia. Esperemos que estos canales de diálogo se abran y sean sostenidos, que se den en los territorios amazónicos directamente, y que reconozcan las iniciativas locales, así como lo ya aprendido.
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