La magistrada Isabel Perelló ha tomado posesión como presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras jurar su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela y el posterior acto solemne en la sede del alto tribunal ante la cúpula judicial, hoy deberá afrontar sin solución de continuidad su primer discurso, en la apertura del Año Judicial, que presidirá Felipe VI en el Supremo. Su intervención dará las claves de las prioridades de su mandato, que afronta con la responsabilidad de que el que seguramente será el Consejo con mayor poder de la historia haga gala del consenso necesario para sacar adelante las trascendentes decisiones que deberá adoptar, contribuyendo así a restablecer la credibilidad de la institución, muy dañada por el retraso de casi seis años en su renovación por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP.
Sobre la mesa, el nuevo CGPJ –que por primera vez será presidido por una mujer, como sucede con el Tribunal Supremo, en este caso en sus 212 años de historia– tiene más de un centenar de nombramientos. Resultado de la acumulación de vacantes en la cúpula judicial (un tercio de la plantilla del Supremo) tras la reforma impulsada por el Gobierno que retiró al CGPJ sus facultades de realizar nombramientos.
Esos nombramientos pendientes obligarán al Consejo a hacer un esfuerzo de consenso y a superar la división en bloques (de la que una vez más ha hecho gala el actual CGPJ cuando tuvo que elegir a su nuevo presidente entre dos candidaturas: los magistrados Pablo Lucas y Pilar Teso, antes de que la candidatura de Perelló concitase los apoyos necesarios el pasado martes).
El pacto entre PSOE y PP que desbloqueó la renovación del Consejo exige para esos nombramientos los 3/5 de los votos (algo que hasta ahora solo era necesario para elegir a magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de Sala del alto tribunal y presidentes de los tribunales superiores). Harán falta, por tanto, 13 apoyos para sacar adelante cada uno de esos nombramientos, lo que necesariamente obliga a un consenso para cuya consecución Perelló tendrá que hacer gala de mano izquierda con uno y otro bloque.
El nuevo Consejo tendrá que decidir quién ocupa la vicepresidencia del Tribunal Supremo y las presidencias de tres de sus cinco salas, entre ellas la Sala Penal que ahora mismo preside Manuel Marchena (que el próximo noviembre cumple su segundo mandato, y último, de cinco años en el cargo). Pero no solo eso, también debe decidir quién sustituye al magistrado Francisco Marín (que los dos últimos años ha sido, además, presidente interino del alto tribunal, desde la dimisión de Carlos Lesmes, hastiado por el retraso en la renovación del CGPJ y por la acumulación de vacantes sin cubrir) al frente de la Sala Primera y quién ocupa la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ahora ostenta en funciones el magistrado Pablo Lucas.
La sucesión de vacantes que exigirán un acuerdo de los vocales para una mayoría reforzada incluye también ocho presidencias de tribunales superiores de justicia, una treintena de presidencias de audiencias provinciales y la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, vacante desde que la magistrada Concepción Espejel fue elegida magistrada del Tribunal Constitucional (TC) en octubre de 2021. Por si fuera poco, también se encuentran pendientes de designación casi una treintena de plazas de la jurisdicción militar.
Este proceso de selección llevará tiempo, pero al menos no tiene un plazo máximo para llevarlo a cabo. Algo que sí sucede respecto a la elaboración del proyecto de reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, que según el acuerdo firmado por PSOE y PP el Consejo debe elaborar antes de seis meses para que sean Congreso y Senado los que tramiten la modificación legislativa conforme a los estándares europeos. Para los populares este compromiso era inexcusable, pues en consonancia con la mayoría de las asociaciones judiciales (con la excepción de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia) considera ineludible que la reforma deje en manos de la carrera judicial la elección de los doce vocales judiciales, algo que el Gobierno no ve con buenos ojos.
La negociación para pactar ese texto legal será una prueba de fuego para la nueva presidenta del CGPJ, que deberá mediar entre vocales de uno y otro signo para que la propuesta a las Cortes colme las aspiraciones de ambos bloques, algo que no se antoja una tarea sencilla.
El Consejo que ahora arranca su andadura también tiene pendiente informar sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entre sus principales novedades incluye dejar en manos de la Fiscalía la instrucción de las causas, reduciendo el papel judicial al de un juez de garantías.
Perelló, que se ha manifestado en contra de las acusaciones de «lawfare» (alentadas por el independentismo) y como una firme defensora de la independencia del Tribunal Supremo, tendrá que lidiar con los recurrentes ataques a los jueces (como sucede con el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez) y con ocasionales peticiones de amparo procedentes de la carrera judicial por este motivo.
