Maduro no deja de estar en boca de todos, esta vez al decidir adelantar las fiestas navideñas al 1 de octubre bajo el pretexto de que "es septiembre y ya huele a Navidad". El anunció se dio pocas horas después de que un tribunal de Venezuela interpusiera una orden de captura contra Edmundo González, candidato de la oposición, por delitos de "terrorismo" y días después de un apagón que dejo incomunicados a al menos 20 de los 23 estados del país.
Según Maduro, el adelanto de la Navidad se justifica por las "buenas perspectivas económicas" que, según él, el país ha experimentado en los últimos meses, argumentando que la medida busca "brindar un alivio emocional a la población" y que las festividades navideñas "se prolonguen para que los ciudadanos puedan disfrutar más tiempo con sus familias en un ambiente de paz y alegría".
En el año 2020, Maduro ya había adelantado la navidad al 15 de octubre con el fin de compensar la crisis de la pandemia, y al año siguiente llevó a cabo el mismo decreto para repartir paquetes de ayudas a los residentes de los barrios más humildes. Este año las circunstancias son similares pues, según algunos observadores, el gobierno venezolano ha utilizado en el pasado tácticas similares para influir en la opinión pública y mantener la lealtad de sus seguidores.
Cabe resaltar, ademas, que a la vez que hizo que pública la decisión, Nicolás Maduro también acusó a sus adversarios, a los que tachó de "fascistas" de los apagones eléctricos que se vivieron en distintos lugares del país la pasada semana.
Tras las celebraciones navideñas, Nicolás Maduro se prepara para asumir su tercer mandato presidencial el 10 de enero, en lo que marcará el comienzo de una nueva etapa política en Venezuela. Este nuevo ciclo se fundamenta en los resultados oficiales de las elecciones del 28 de junio, tal como fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral. No obstante, hasta la fecha, las autoridades no han ofrecido evidencias claras que corroboren estos resultados.
Por otro lado, los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, han rechazado rotundamente las cifras presentadas por el gobierno. Argumentan que los resultados son falsos, y han respaldado sus denuncias con la publicación de las actas electorales recopiladas por sus testigos y observadores, las cuales, según afirman, revelan discrepancias significativas con los datos oficiales. Esta situación ha intensificado el debate y la incertidumbre sobre la legitimidad del proceso electoral en el país.
