La magistrada Susana Polo rechaza los recursos de Vox y otras acusaciones y ratifica que la prolongación irregular de la causa por parte de Manuel García Castellón derivó en la nulidad del caso contra el expresident catalán y el diputado Rubén Wagensberg
El Supremo archiva la causa por terrorismo contra Puigdemont en el caso Tsunami
El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo del caso Tsunami Democrátic contra Carles Puigdemont, una causa en la que el expresident catalán estaba siendo investigado por terrorismo. En un auto, la magistrada Susana Polo rechaza los recursos de Vox y otras acusaciones populares y ratifica que el error del juez Manuel García Castellón al prolongar de forma irregular la investigación se traduce en la nulidad y archivo del caso: “No se llevó a efecto ninguna investigación de la participación de los investigados en los hechos”, recuerda el alto tribunal.
El caso Tsunami Democrátic arrancó en la Audiencia Nacional e investigó durante años la organización de las manifestaciones masivas desarrolladas en Cataluña para protestar contra la sentencia del procés que condenó a los líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia. Una causa que viró contra Carles Puigdemont a finales de 2023, cuando PSOE y Junts negociaban los detalles de la ley de amnistía. El magistrado anunció que Marta Rovira y Carles Puigdemont, entre otros, pasaban a formar parte de la nómina de investigados y por delitos de terrorismo.
El caso llegó al Tribunal Supremo cuando García Castellón solicitó formalmente la imputación por un delito que podía dejarle fuera de la amnistía. La magistrada Susana Polo llegó a abrir una causa contra él pero firmó el archivo cuando las defensas de los acusados denunciaron una irregularidad en la instrucción del juez de la Audiencia Nacional, recientemente jubilado, que anulaba la mayor parte de las diligencias realizadas: había alargado la causa de forma ilegal.
Polo archivó el caso por terrorismo contra Puigdemont y Rubén Wagensberg, diputado catalán por ERC, y ha confirmado su decisión tras rechazar los recursos de Vox, Dignidad y Justicia y Societat Civil Catalan. En su auto, la magistrada reitera que la irregularidad de García Castellón tiene como consecuencia el archivo del caso, algo que el propio magistrado reconoció tras archivar la parte de las diligencias que él mismo mantenía abiertas.
El Supremo recuerda que las únicas diligencias válidas del caso fueron las realizadas antes de la línea roja del 29 de julio de 2021, y que eso no es suficiente para sostener una causa por terrorismo contra el expresident y hoy diputado de Junts en el Parlament catalán. “No se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos”. Vox y el resto de acusaciones, añade la magistrada Polo, no consiguen concretar qué pruebas han sobrevivido a la criba para mantener en pie el caso contra Puigdemont.
Ese límite, dice el Supremo, es “infranqueable” y debe ser “observado en el ejercicio de la función jurisdiccional”, algo que según certificó la Audiencia Nacional no hizo García Castellón. Saltarse ese plazo, añade, “determina la invalidez de las diligencias de las diligencias y todo lo que de ello se deriva, no hay subsanación posible”.
Carles Puigdemont, que regresó brevemente a Barcelona tras siete años fuera de España para fugarse de nuevo, ya no está imputado en el caso Tsunami por terrorismo pero todavía está pendiente de dos causas judiciales: el caso principal del procés y la ramificación de la 'trama rusa' elevada también al Supremo por el juez Joaquín Aguirre. A la espera de que los jueces decidan en firme qué acusaciones quedan neutralizadas por la ley de amnistía que entró en vigor hace unos meses.
En el caso de la trama principal del procés, la misma por la que Oriol Junqueras y otros líderes independentistas fueron condenados a penas de hasta 13 años de cárcel, el alto tribunal ha establecido que la ley de perdón no ampara el delito de malversación de caudales públicos que se atribuye al expresident y por el que ya fueron sancionados el resto de políticos encausados.
En cuanto al caso que investiga la implicación de una trama de origen ruso en el impulso del procés independentista de 2017, el juez Aguirre rechazó también la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y envió su caso al Tribunal Supremo con varios delitos en la lista de acusaciones: traición, malversación y organización criminal. El Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre si asume o no esta investigación.
