El Partido Popular no contempla presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, no descartó hacerlo este lunes en una entrevista en Onda Cero: “Déjennos decidirlo”, le espetó al entrevistador, pero fuentes de la cúpula popular aseguran que esta opción “no está sobre la mesa”. El PP ha analizado la posibilidad de presentarla en los últimos meses, y la conclusión no deja lugar a dudas: dañaría al Ejecutivo, pero anteponen la falta de apoyos para que prospere.
Génova descartó la iniciativa durante la pasada legislatura. El equipo de Feijóo siempre ha antepuesto los números al relato político. Voz, en cambio, sí optó por presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados con Ramón Tamames como candidato. Un episodio que el PP calificó de “inútil” tanto en público como en privado, y aseguraron que aquellas sesiones fortalecieron al Gobierno y su mayoría parlamentaria.
Ahora el PP no quiere romper con dicha máxima. Presentar una moción supondría una incoherencia con los argumentos esgrimidos para criticar al partido liderado por Santiago Abascal en marzo de 2023. La dirección popular asegura que “no faltan motivos” para censurar al Ejecutivo, pero también admite que perder una moción no es el escenario ideal para comenzar un curso en el que esperan mermar al Gobierno con una oposición dura y contundente.
El análisis que han realizado en el PP también refleja otro inconveniente para presentar la moción: supondría, al fin y al cabo, una victoria parlamentaria para el presidente. En la oposición resaltan que esta legislatura se está caracterizando por las constantes derrotas del Partido Socialista y el Ejecutivo en las votaciones. En menos de un año de gobierno, Sánchez ha perdido en 33 ocasiones y solo ha conseguido aprobar tres leyes, como informó este diario: la reforma del artículo 41 de la Constitución para permitir el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja, la ley de amnistía y la regulación de las enseñanzas artísticas superiores.
El Gobierno está teniendo serios problemas para aunar una mayoría en el Congreso como la que aunó en la pasada legislatura. La entrada de Junts y la ruptura de Sumar con Podemos ha desmontado toda la aritmética que permitió al Ejecutivo aprobar el mayor número de leyes en un mandato.
“Va a ser una legislatura de pocas leyes”, afirmó un miembro del Ejecutivo a ECD en los días previos a la investidura de Sánchez. El PP no quiere romper una predicción que se ha cumplido a pies juntillas y les sirve para remarcar la debilidad del Ejecutivo. Es más, el Ejecutivo ya admite en privado que no tendrá apoyos suficientes para aprobar nuevos Presupuestos para 2025 y tendrá que prorrogar los de 2023 por segundo año consecutivo.
El PP no solo va a esgrimir la falta de apoyos de Sánchez para legislar, también centrará el tiro en la corrupción por el ‘caso Koldo’ y la investigación en marcha sobre su mujer, Begoña Gómez. Génova calcula que se trata de uno de los temas que más desgasta al Ejecutivo y dará prioridad a cualquier avance en sendas instrucciones judiciales.
Los populares ya han atacado por todos los frentes tanto los pactos del PSOE con los independentistas y EH Bildu, como las cesiones a ambos. La dirección del partido no apuesta ahora tanto por atacar al Ejecutivo por estos flancos, porque el 23-J resultó una buena muestra de que no merma lo suficiente a Sánchez.
La formación conservadora no ha presentado aún los recursos contra la amnistía que anunció hace casi un año, y ha sido el presidente socialista de Castilla-La Mancha, el primero —y, de momento, único— dirigente que ha recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional.
Pero sí continuarán dando la batalla contra el último acuerdo de los socialistas con Esquerra Republicana. En Génova consideran que la cesión de las competencias para que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos es un hecho diferencial en comparación con el resto de pactos.
El nuevo régimen de financiación ha levantado ampollas en Sumar; Compromís, la Chunta Aragonesista, el BNG… han mostrado su rechazo a la medida si no conlleva una mejora en el reparto de fondos para sus autonomías. También Junts ha criticado la iniciativa y PNV y Bildu se muestran reticentes a apoyar la medida, aunque no han afirmado que vayan a votar en contra.
Los números no salen y han resquebrajado la mayoría de investidura, hasta el punto de que el Gobierno se encomienda al PP para sacar adelante la reforma de la ley de financiación autonómica, necesaria para poder ejecutar el pacto con ERC.
