El Gobierno nacional oficializó este lunes el veto total a ley de reforma jubilatoria N° 27.756 que había obtenido el aval del Congreso e implicaba una suba en los haberes jubilatorios del 8,1%.
Según consta en el Decreto 782/2024 firmado por el presidente Javier Milei y el pleno del Gabinete de ministros, la iniciativa resultó ser un "manifestante violatorio del marco jurídico vigente" al no contemplar su impacto fiscal ni tampoco determinar la fuente de financiamiento.
"Dar cumplimiento a la medida sancionada (...) dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos", insistió el Gobierno en un tramo del Considerando.
Además, se preveía un piso mínimo equivalente a la Canasta Básica Total (CBT) multiplicado por 1,09, cifra que, en base a los datos del último reporte estadístico, habría traccionado los ingresos para más de 4 millones de titulares a $ 317.704,48.
"La casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal", enfatizó el mandatario la semana pasada en la ceremonia por el 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta postura se continuó el domingo al sostener que, en dólares, el poder adquisitivo de los jubilados "voló".
La defensa a ultranza del veto encuentra su explicación más lineal en los detalles de gastos del Estado ejecutados durante período enero-julio de 2024: el 27,7% del superávit recayó sobre las jubilaciones, seguido por Obras Públicas y Salarios y otros gastos.
De esta forma, el escenario para el sector (y aún con la anexión del bono de hasta $ 70.000 congelado desde marzo) se tradujo en una licuación mes a mes de la capacidad de compra. Según el análisis elaborado por el Centro de Economía Política (CEPA), durante el primer trimestre del año (período omitido en su plenitud al momento de activar el empalme de sólo 12,5%) los haberes se mostraron entre 13,7% y 19,2% por debajo de noviembre 2023. En tanto, para septiembre, se ubicarán 2,6 puntos más por debajo y 20,3% por detrás del mismo período del año pasado.
De acuerdo a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto adicional de la ley vetada este lunes en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares ascendía a 0,44% del Producto Bruto Interno (PBI) en comparación con el DNU y la liquidación del bono de $ 70.000.
Desde CEPA, detallaron que, lejos de constituir un descalabro de las cuentas públicas, el guarismo habría resultado similar al que dejará de recaudar el Estado por la reducción de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales en 2024 establecida en la Ley Bases y que benefició a 409.081 contribuyentes.
En una sintonía símil, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) enfatizó que, de haber dado rienda a la normativa, el Gobierno podría haber consolidado la licuación de las jubilaciones sufridas desde 2017 y con ello otorgarle sostenibilidad al superávit fiscal a futuro.
La premisa de la afirmación se encuentra sustentada en la eventual demanda de recursos que habría conllevado su ejecución:
"Estos datos muestran que la aplicación de la ley sancionada en el Congreso representa un aumento de gasto previsional de alrededor de 0,4% del PBI. En paralelo el gobierno viene pagando discrecionalmente el bono con un costo de aproximadamente 0,7% del PBI", postuló el centro de análisis. Esto habría implicado que, al rediseñar los Refuerzos, se podía compensar los aumentos fijados en la ley anulada.
Con la vigencia de las modificaciones a la fórmula de Movilidad establecidas en el Decreto 275/2024 e inaugurado hoy en el Congreso un frente de batalla para dar la última chance a las modificaciones previstas en la ley N° 27.756, las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que aquellas con refuerzo lo harían 13,6% por debajo, de acuerdo a las proyecciones del CEPA.
