Los vocales siguen sin ponerse de acuerdo tras una larga jornada de negociaciones y se emplazan a una nueva reunión este martes
La batalla por la presidencia del Poder Judicial: las relevantes atribuciones por las que pugnan conservadores y progresistas
Persiste el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los vocales que tomaron posesión el 25 de julio siguen sin ponerse de acuerdo más de un mes después sobre quién debe presidir el órgano de gobierno de los jueces durante el próximo lustro. Tras el acuerdo político para la renovación después de más cinco años en funciones, la responsabilidad está en manos de los nuevos 20 vocales, que por el momento han sido incapaces de designar presidente y permitir así que la institución pueda empezar a funcionar con normalidad tras años de desprestigio.
Este nuevo pleno ha puesto de manifiesto que la división entre los miembros del órgano es, por el momento, insalvable. No obstante, han acordado reunirse de nuevo este martes y buscar nuevos candidatos después de que haya sido imposible encontrar un nombre de consenso entre los siete jueces del Tribunal Supremo propuestos el pasado julio.
La situación es inédita. Hasta este octavo mandato, lo habitual era que la designación de la presidencia —que formalmente hacen los vocales— estuviera acordada de antemano por los partidos. Pero esta vez la decisión se ha dejado en manos de los vocales, que además están divididos totalmente a la mitad, con 10 nombrados a propuesta del PSOE y Sumar y los otros 10 a iniciativa del PP.
El sector progresista aspira a que una mujer presida por primera vez el CGPJ. Y había situado a la magistrada del Alto Tribunal Pilar Teso como su principal candidata hasta la fecha. La terna del bloque progresista se completaba con Ángeles Huet y Ana Ferrer, la única magistrada que defendió aplicar la ley de amnistía al delito de malversación y, por tanto, a Carles Puigdemont.
Los vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar defienden que se trata de “un nuevo ciclo” en el que el órgano debe ser presidido por una mujer y que esta, además, debe tener sensibilidad progresista. Hasta la fecha, todos los presidentes han sido hombres y todos sus rivales, cuando los ha habido, también han sido hombres. Además, el 57,2% de quienes están en activo en la carrera judicial son mujeres, aunque es un porcentaje que contrasta con su escasa presencia en los órganos superiores.
El perfil de Teso, con una gran trayectoria jurídica, no gusta a los conservadores, que la consideran una “emisaria” del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Hasta ahora, el candidato preferido de los vocales elegidos a propuesta del PP era Pablo Lucas, al que intentan hacer pasar por un perfil progresista y de consenso, algo con lo que no coinciden en el otro bloque.
El pasado agosto, los vocales elegidos a propuesta del PP aceptaron elegir a una mujer, pero siempre que fuera alguna de las magistradas propuestas por su sector: Carmen Lamela o Esperanza Córdoba. Su otro candidato era Antonio del Moral. Destacan que ambas son reputadas juristas y no están vinculadas a ninguna asociación. Teso no está asociada y Ferrer pertenece a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Hasta el momento, ninguno de estos perfiles ha conseguido los doce votos necesarios en las cuatro votaciones celebradas. En consecuencia, la mayoría ha secundado la propuesta del bloque conservador de buscar nuevos candidatos.
La voluntad es que haya una designación antes del próximo jueves, cuando se celebra el solemne acto de apertura judicial. En todo caso, el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín, lleva días preparando su discurso junto a sus colaboradores en previsión de que no se llegue a ningún acuerdo. Sería el sexto año consecutivo en que ese discurso es pronunciado por un presidente en funciones.
Las conversaciones, que se han mantenido abiertas durante todo agosto, se han intensificado en los últimos días. Especialmente este lunes, cuando los miembros de la comisión negociadora formada por cuatro vocales progresistas y cuatro conservadores se han citado a las 12 de la mañana en las dependencias del CGPJ. Algo antes de las 15 horas han realizado un receso y han retomado la reunión media hora después. El pleno que estaba fijado para las 17 horas, finalmente no ha comenzado hasta una hora después.
El bloqueo evidencia también la total relevancia que los dos bloques dan a la figura encargada de dirigir una institución que maneja un presupuesto cercano a los 80 millones de euros y que se encarga de elegir a los altos cargos de la carrera judicial y de sancionar las infracciones de los jueces.
La falta de acuerdo dilata la situación de parálisis del órgano, que tiene entre sus principales retos cubrir 98 plazas en los principales tribunales, 26 de ellas en el Supremo, donde casi una de cada tres plazas está sin cubrir. Tampoco pueden empezar a funcionar el resto de comisiones encargadas de sacar plazas de jueces concurso o resolver cuestiones en materia disciplinaria, entre otros asuntos. Además, supone un incumplimiento de los plazos que marca la propia ley que regula el Poder Judicial. Esta norma establece que la elección de la presidencia, que lo será también del Supremo, tendrá lugar “entre tres y siete días” después de la sesión constitutiva, que se celebró el 25 de julio.
