Legislación de la República Popular China impone tanto a sus ciudadanos como a sus empresas colaborar con los servicios de inteligencia cuando se lo soliciten y, además, guardar secreto sobre esa colaboración.
Esto, advierte un experto europeo en ciberseguridad y 5G, cobra importancia en la discusión interna de los países al momento de debatir si contratan a la empresa china Huawei servicios como proveedor de dicha tecnología.
Debido a ese tipo de leyes nacionales, no es posible centrar el análisis en una discusión únicamente técnica, sin valoraciones de índole político, explicó Andrés Soriano Guillamón; oficial de inteligencia en el Equipo de Elaboración y Análisis de la Información de la Guardia Civil Española.
Su postura contrasta con declaraciones brindadas por Wang Xiaoyao, nueva embajadora de la República Popular China en Costa Rica, quien la semana anterior solicitó una discusión técnica, sin argumentaciones de tipo político, sobre la implementación de la tecnología 5G en el país.
La diplomática también reiteró el llamado al gobierno de Rodrigo Chaves, a dar un trato justo a las empresas provenientes de la nación asiática, como Huawei, para competir como posibles proveedores.
Soriano Guillamón vino al país esta semana como panelista invitado en el foro “Futuro Conectado”, realizado en San José, por la organización Global Forums. El europeo ha dirigido numerosas operaciones contra el crimen organizado, actividad terrorista y espionaje en línea.
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“No se pone en tela de juicio que la tecnología de Huawei es puntera y está en la cima como potencia tecnológica. Pero 5G es una red que dará cobertura a todas las infraestructuras críticas a nivel mundial, incluidas todas aquellas ligadas a seguridad nacional, salud, provisión de servicios públicos. Lo conectará todo”, indicó.
A partir de este factor, el español advirtió que, para un país, es imposible basar un análisis de riesgos para adoptar a un proveedor de 5G únicamente en aspectos de conveniencia tecnología y, en el caso de Huawei, es necesario analizar a qué legislación está obligado ese proveedor en su país.
Por ejemplo, la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China, aprobada en la 28.ª reunión del Comité Permanente de la 12.ª Asamblea Popular Nacional el 27 de junio de 2017, dice en su artículo 7 que todas las organizaciones y ciudadanos apoyarán, asistirán y cooperarán con el trabajo de inteligencia nacional de acuerdo con la ley, y guardarán los secretos del trabajo de inteligencia nacional que conozcan.
La Ley de Seguridad Nacional de la República Popular China (emitida con la Orden Presidencial N° 29 en julio de 2015) indica en el artículo 11 que los ciudadanos chinos, todos los órganos estatales y fuerzas armadas, todos los partidos políticos y organizaciones populares, empresas, instituciones y otras organizaciones sociales tienen la responsabilidad y la obligación de salvaguardar la seguridad nacional. De otro modo, será considerado legalmente responsable de conformidad con esa ley.
Todo esto también lo reitera la Ley de Contraespionaje de la República Popular China, aprobada en la 11.ª reunión del Comité Permanente del 12.º Congreso Nacional del Pueblo en noviembre de 2014 y revisado en la 2.ª reunión del Comité Permanente del 14.º Congreso Nacional del Pueblo el 26 de abril de 2023.
El artículo 7 de esa legislación dice que todos los órganos estatales y fuerzas armadas, partidos políticos y organizaciones populares, empresas, instituciones y otras organizaciones sociales tienen la obligación de prevenir y reprimir el espionaje y salvaguardar la seguridad nacional.
“Las agencias de seguridad nacional deben contar con el apoyo del pueblo en su trabajo de contrainteligencia y movilizar y organizar al pueblo para prevenir y detener actos de espionaje”, añade el texto.
De seguido, el artículo 8 de ese cuerpo normativo señala: “Todos los ciudadanos y organizaciones apoyarán y colaborarán con el trabajo de contrainteligencia de conformidad con la ley y guardarán todos los secretos de Estado y de trabajo de contrainteligencia que conozcan”.
“¿Qué pasaría ante un hipotético escenario que Costa Rica u otro país tenga un conflicto de interés o decaiga las relaciones y entonces los gobernantes de China le pidan a Huawei información de ciertas cosas?”, comentó el especialista europeo.
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El funcionario español indicó que 5G es un tipo de tecnología donde quien la contrata depende absolutamente del proveedor por lo cual insistió en la conveniencia de que las discusiones nacionales ligadas al contrato de un proveedor no pueden ser únicamente de índole tecnológica. Para él, debe ser un análisis amplio.
“Si un país desea conservar tecnología de Huawei o china de otros proveedores por la conveniencia tecnológica de esta, adelante. Pero los gobernantes de los países tienen la obligación de salvaguardar la integridad y seguridad nacional de sus ciudadanos”, agregó.
No obstante, indicó que desgraciadamente China ha demostrado en los últimos años ser la cuna del ciberespionaje.
Incluso invitó a quien dude esto a escribir las palabras “ciberespionaje” y “China” en cualquier buscador en línea y los resultados mostrarán desde anuncios de agencias oficiales de Estados Unidos y europeas donde los señalamientos son claros hasta cobertura noticiosa en la misma línea.
El año pasado, un decreto del presidente Rodrigo Chaves excluyó a empresas de países como China de la posibilidad de convertirse en proveedores de redes y soluciones de tecnología 5G en Costa Rica.
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El decreto Nº 44196-MSP-MICITT, publicado el 31 de agosto en el diario oficial La Gaceta, establece la obligación de que solo se podrán adquirir equipos o programas para servicios de 5G de empresas que provengan de países que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001. China no está entre ellos.
El decreto, sin embargo, está suspendido por una orden judicial.
