En los centros estratégicos de todos los partidos se siente que éste no es un curso político más. En los cimientos de la izquierda lo inauguran con la esperanza puesta en que, a ver si con un poco de suerte, aguantan hasta verano del año que viene sin elecciones. Y el PP, que en teoría sigue teniéndolo todo de cara, se enfrenta también a una prueba de alto voltaje porque si, pese a que en el Gobierno está todo cogido por alfileres, no son capaces de consolidar su ventaja electoral sobre el PSOE, en algunas instancias del partido comenzarán a dejar que trasciendan en público las dudas sobre algunas decisiones marcadas por el mando nacional. En el comité de dirección apuntan que toca ir a la «guerra absoluta».
Los recursos contra la amnistía por parte de Génova y de las comunidades que gobierna el PP entrarán en los próximos días en cascada en el Tribunal Constitucional. Los populares han apurado los tiempos para jugar su última baza ya que el 11 de septiembre acaba el plazo para que se recurra la norma. Justo el día de antes el órgano de garantías estudiará si admite a trámite la cuestión de constitucionalidad presentada por el Supremo.
Este movimiento lo venden en el PP como si fuera «un gran golpe» ya que sobre el Constitucional caerá una cascada de recursos «que tendrán que desmontar como buenamente puedan y no será fácil». La amnistía vuelve así a primera línea de la agenda en este arranque del curso político, en el que la labor de oposición se concentrará también en intensificar el desgaste del Gobierno por la corrupción y en la denuncia de las desigualdades económicas y jurídicas que plantea el PSOE con el independentismo. El otro eje será explotar la debilidad parlamentaria del PSOE manteniendo sus exigencias, por ejemplo, en lo referido a la reforma de la ley de Extranjería. «Los socialistas lo tienen tan complicado que se van a ver obligados a negociar con nosotros porque sus socios les abandonan. Nosotros no nos vamos a mover».
Esta es la teoría. Mientras que en la práctica no habrá negociación del Gobierno con el PP, y esto es, además, lo que mejor le viene al partido de Feijóo, que esa negociación no llegue a producirse porque de concretarse generaría también un problema interno en sus filas: no todos los barones tienen la misma posición en lo que afecta a cómo gestionar la situación de crisis humanitaria en Canarias, también en Ceuta, por la llegada de inmigrantes. Madrid, como expuso ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en este periódico, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, mantienen posiciones con muchos matices de diferencia entre ellas.
La investidura de Salvador Illa no corrige la debilidad parlamentaria extrema del PSOE en Madrid. Pero el PP también entra en un nuevo curso en el que internamente hacen autoanálisis de las debilidades que les llevan a aprovechar a veces de manera insuficiente los tropezones del Gobierno de coalición. El coro de voces en temas como el de la migración, aunque solo se diferencien en matices, distorsiona el mensaje principal que debería llegar a la opinión pública en una cuestión en la que el sentido de Estado exige equilibrar la crítica con mantener posiciones que no siembren amenazas para la convivencia. También es cierto que de lo que se predica a lo que se hace en la gestión más cercana hay una importante diferencia en la izquierda, ya que su discurso de solidaridad choca con hechos sorprendentes como las reticencias de alcaldes de izquierdas a abrir nuevos centros de acogida bajo su responsabilidad política, ¿La razón? Que saben que es una decisión impopular, y resulta más fácil plegarse a ese sentir social que combatirlo.
El corrosivo debate sobre la financiación singular de Cataluña que llega ya al Congreso facilitará al PP diversificar su oferta de oposición y dirigirla a un tema que se ha demostrado que resulta más desestabilizador dentro del PSOE que la amnistía. Y este motín generado por el pacto del concierto a la catalana es lo que explica la operación de renovación, de «limpia», que ha organizado Moncloa para finales de noviembre con su Congreso Federal. Por cierto, no tendrá su modelo espejo en el PP ya que en Génova insisten en que su cónclave no toca hasta el 26 porque el último fue en el 22, y «son cada cuatro años». Esto es la confirmación de que Feijóo irá a las elecciones generales con los «peones» que ya tiene, sin mover banquillo (aunque su equipo no genere entusiasmo en algunos ámbitos populares).
Por cierto, en el debate de la financiación, los asesores del Partido Popular preparan las bases para dirigir la atención no solo a la cuestión de los privilegios, sino también a las importantes modificaciones en materia fiscal que acarrearía el acuerdo. La recaudación de la totalidad de los impuestos, y las dos aportaciones, una al Estado, para compensar por los servicios que este les presta, y otra para contribuir a la solidaridad territorial, no se sabe cómo se harían.
Pero aunque esto sea lo más llamativo, donde están empezando a colocar el foco en el PP es en la plena descentralización de la gestión de los impuestos y sus consecuencias sobre la información disponible y que pasaría a manos de la Generalitat. Gestionar es controlar la recaudación, pero también es conocer de primera mano el funcionamiento de los impuestos, quién paga y cuándo. Hacienda dispone de los mejores datos de empresas y de los particulares, y la literalidad del acuerdo ERC-PSOE permitiría que la Agencia Tributaria de Cataluña tuviese poderes similares al de las haciendas forales vascas y navarras. Desde Moncloa dan a entender que hablarán de compensar a las demás comunidades con una mayor independencia también de sus haciendas autonómicas, a costa del debilitamiento de la Hacienda del Estado. Pero eso es el final del actual modelo de financiación.
