La subida de sueldo para julio, prometida por el ministro José Luis Escrivá a tres millones de funcionarios, continúa pendiente. El Gobierno no convalidó en el Congreso hasta mediados de julio el decreto que recoge el incremento del 2%. Esa circunstancia ha provocado que no haya habido tiempo para aplicarlo al menos hasta septiembre.
Los funcionarios y trabajadores públicos todavía no han recibido la subida salarial del 2% correspondiente a 2024. No se les incluyó en la nómina de julio, y a la mayoría tampoco en la de agosto. El Gobierno, por lo tanto, se retrasará al menos nueve meses en aplicar ese incremento.
Los empleados públicos han sido uno de los colectivos más perjudicados por la falta de Presupuestos en los primeros meses de 2024. En el Gobierno subrayan que el incremento se aplicará con efectos retroactivos, esto es, que cuando se pague se hará con fecha 1 de enero y se abonarán los atrasos.
El retraso es sin duda notable, y desde los sindicatos apuntan que el Ejecutivo podía, por ejemplo, haber decretado la subida a comienzos de año, del mismo modo que aprobó la revalorización de las pensiones. Pero el Ministerio de Hacienda descartó aplicar en enero la subida del 2%.
Según ha podido confirmar Confidencial Digital, por fuentes próximas al Ministerio de Hacienda, el incremento salarial para los funcionarios está garantizado desde que el Gobierno y los dos sindicatos mayoritarios acordaron en octubre de 2022 una senda de actualizaciones anuales.
Así, tras las alzas de 2022 y 2023, la mejora retributiva culminará este año con una nueva subida del 2%, que podrá crecer posteriormente en un 0,5% adicional en función de la evolución del IPC.
El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 26 de junio a la subida salarial del 2% a los funcionarios prevista para este año, que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La medida se incluyó en el nuevo decreto frente a la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania.
El incremento del 2%, indicaron entonces a ECD fuentes del Ministerio de Función Pública, se daba por asegurado a su paso por el Congreso, dado que ninguna formación política votaría en contra. Pero admitían ya en aquel momento que el texto no podría ser convalidado en la Cámara, como pronto, hasta la segunda semana de julio, cuando había convocado un pleno extraordinario. Finalmente, se produjo el pasado 23 de julio.
Por eso, fuentes internas de la Administración explican a ECD que, debido a las cuestiones operativas, resultaba complicado hacer efectiva la subida en la nómina de ese mismo mes de julio.
Se tiene presente que las distintas administraciones tardan casi un mes en trasladarlo a las nóminas de sus trabajadores. Un horizonte temporal, por tanto, que aplazaba la subida hasta agosto, como pronto.
Explican que los plazos de programación del sistema para aplicar el incremento retributivo y calcular los atrasos complican y ralentizan el proceso.
Pero insisten en que el Gobierno tendría que haber convalidado el decreto, como muy tarde, en el pleno previsto para el 11 de julio, para que la subida entrase en vigor en agosto. El motivo de esta urgencia es que las nóminas se cierran en la primera quincena del mes anterior.
Los técnicos de los ministerios consultados por ECD tampoco pasan por alto que las nóminas de julio y agosto se programan prácticamente a la vez en los servicios de habilitación de los departamentos, y esa circunstancia dificulta la actualización de los pagos durante los dos meses centrales del verano.
A día de hoy, según las fuentes consultadas, los responsables de la confección de las nóminas en los diferentes ministerios, consejerías autonómicas y ayuntamientos todavía no han ejecutado la subida. Hacienda no ha dado instrucciones para incluir el aumento en los pagos del mes de septiembre.
Fuentes de la cúpula económica del Ejecutivo confirman a Confidencial Digital que las nóminas “no se tocarán, como pronto, hasta septiembre”.
Desde Función Pública insisten en que, en cualquier caso, los funcionarios cobrarán el incremento con efecto retroactivo a 1 de enero.
Según fuentes sindicales, los funcionarios calculan que el dinero que han dejado de percibir durante el primer semestre del año es de unos 300 euros de media. A partir de septiembre, en principio, el sueldo les llegará ya actualizado todos los meses.
El salario medio de un empleado público asciende a 34.000 euros al año, según la última estadística de la Agencia Tributaria, con datos de todas las declaraciones del IRPF.
Para este ejercicio, el aumento del 2% en los salarios públicos tendrá un coste de unos 4.746 millones de euros, según estimaciones proporcionadas por el propio Gobierno en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas.
En total, el aumento en los salarios de los empleados públicos entre 2022 y 2024 superará el 8%, pudiendo llegar al 9,5% dependiendo de las variables contempladas en los acuerdos. En términos reales, considerando la consolidación de estos incrementos salariales, la revalorización podría llegar hasta el 9,8%.
Así las cosas, el retraso está perjudicando a alrededor de 500.000 empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado -funcionarios, personal laboral y eventuales-. Es decir, a aquellos que prestan servicio en los ministerios, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
También afecta a los funcionarios de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Todos ellos están a la espera de la decisión definitiva del Estado para poder aplicar los incrementos salariales en los organismos locales, lo que tiene a la espera a más de tres millones de empleados públicos en todo el país.
