Además del alto costo de vida, otra gran preocupación de los costarricenses es la inseguridad, una amenaza creciente para nuestros hogares y un desincentivo cada vez mayor para una de las actividades más importantes del país: el turismo.
Este sector abarca tanto zonas urbanas como rurales y sostiene a pequeñas y medianas empresas, logrando que convivan hoteles de 4 y 5 estrellas con pequeños desarrollos a lo largo y ancho del país. Todo ello es posible gracias a nuestras amplias riquezas naturales, pero también al sentimiento de paz y seguridad por el que éramos conocidos en el mundo.
La situación ha cambiado dramáticamente. Indicadores como el índice de delincuencia organizada del 2023 nos ubican en el puesto 14 de América Latina y 72 a escala mundial, lo que ha provocado señales de alerta en embajadas que advierten a sus nacionales antes de visitarnos.
Los números son claros: en este gobierno, la cantidad de homicidios se ha incrementado exponencialmente, una tendencia que comenzó a crecer en el 2020. Según el Organismo de Investigación Judicial, pasamos de 57 homicidios en el primer trimestre del 2022 a 70 en el 2023, y a 77 en el 2024.
Aún estamos a tiempo de revertir la tendencia. Gracias a la convocatoria de Rodrigo Arias, presidente del Congreso, a los restantes poderes de la República, se creó una ambiciosa agenda legislativa con la contribución de especialistas de los tres poderes. Esta agenda ha avanzado a un ritmo inusualmente rápido para los estándares de la Asamblea.
Sin embargo, en el último encuentro entre poderes, el Ejecutivo deslució, no solo por sus múltiples diatribas y justificaciones para no participar en el encuentro, sino también por críticas injustificadas y autoritarias sobre supuestos retrasos y pérdida de tiempo legislativo. Con gran señorío, Arias tuvo que recordarle lo que es el Parlamento y la democracia.
Pero lo más preocupante es que el Ejecutivo ha ideado una fórmula inconstitucional que riñe con el artículo 126 de la Constitución Política: ni veta ni firma las leyes aprobadas, condenándolas a un limbo jurídico. De las 25 leyes pendientes de firma en su escritorio, 7 tienen como objetivo combatir la delincuencia.
La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
