La Universidad Nacional de Piura se encuentra en el centro de una investigación por presuntos actos de corrupción que involucran a cuatro de sus rectores. Hasta el momento, solo el rector Antenor Segundo Aliaga Zegarra ha sido sentenciado por el delito de fraude a tres años de pena suspendida.
El abogado Percy Ipanaque afirmó a La República que existen pruebas contra los demás rectores, pero que el Poder Judicial y la Fiscalía no están acelerando las investigaciones. "Es preocupante que no se estén tomando medidas enérgicas para erradicar la corrupción en la universidad. Desde hace quince años no se ha vuelto a sentenciar a las autoridades involucradas", expresó.
Entre los casos que se están investigando, se encuentra el presunto desfalco en las maestrías dictadas en Ecuador, en el que estarían involucrados los rectores César Reyes, José Rodríguez Lichtenheldt y Omar Vences. En este caso, los involucrados habrían provocado un perjuicio económico que supera los dos millones y medio de soles por las maestrías que se dictaron entre los años 2012 hasta el 2018, en diferentes localidades de Ecuador. Durante este tiempo, la UNP ofreció tres programas de maestrías que fueron dictadas en diferentes zonas del país limítrofe.
De acuerdo a la información que recabó la Fiscalía, quince personas, en las que se encuentran exrectores y trabajadores de esta casa superior de estudios, se habrían apropiado de cerca de 2.6 millones de soles, que corresponderían a las matrículas y pensiones de las maestrías: Programa de Maestría de Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial (Promaina), Programa de Maestría en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias (Promasisorc) y Programa de Maestría en Ingeniería Civil (Promainci).
Otra autoridad investigada es el actual rector Santos Montaño, quien fue grabado recibiendo un fajo de dinero, presuntamente para favorecer órdenes de servicio a un proveedor.
Según las imágenes filtradas, se observa que un proveedor de servicios de dicha casa de estudios le entrega al rector fajos de billetes por presunta coima. Al parecer, la entrega de dicho dinero se realizó en la oficina alterna del rector, en presencia de uno de sus principales asesores. Tras las evidencias, el Poder Judicial dictó nueve meses de detención domiciliaria por el delito de concusión. La condena también establece que se deberá abonar una suma de 100 mil soles.
Tras los diferentes actos de corrupción, el letrado Ipanaque solicitó se aceleren las investigaciones y se sancione a los responsables. “La universidad de Piura tiene presupuestos millonarios, es por ello que muchos quieren llegar a dirigir esta casa de estudios para cometer delitos. Acá tenemos a muchas autoridades con poderes que llegan a dictar clases en la universidad y se involucran en los actos de corrupción”, aseveró.
La comunidad universitaria y la opinión pública esperan que se haga justicia y que los responsables sean sancionados. La transparencia y la justicia son fundamentales para garantizar la integridad de la educación superior.
El abogado dijo que la Universidad Nacional de Piura debe tomar medidas para recuperar la confianza de la sociedad y garantizar que su gestión sea transparente y honesta. “La investigación debe continuar hasta que se esclarezcan todos los casos de corrupción y se sancione a los responsables”, finalizó.
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