Las notarías en Perú cumplen un rol fundamental en la autenticación de documentos y actos jurídicos, asegurando que estos se realicen conforme a la ley. Sin embargo, recientes disposiciones han generado dudas respecto a los requisitos que pueden exigir a ciertos grupos de la población, especialmente a los adultos mayores con discapacidad. En este contexto, surge una interrogante clave: ¿es legal que las notarías demanden un certificado de salud mental a esta población vulnerable?
En los últimos meses, diversas asociaciones y organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por las prácticas discriminatorias que, en ocasiones, se han observado en algunas notarías del país. Estas prácticas no solo vulneran los derechos de las personas mayores, sino que también contravienen la normativa vigente en el Perú. Por ello, es esencial conocer las implicancias legales y las protecciones que ofrece la ley en casos como este.
De acuerdo a información emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ninguna notaría en Perú está facultada para exigir a los adultos mayores con discapacidad la presentación de un certificado de salud mental o cualquier otro documento médico para la realización de trámites notariales. Esta disposición se basa en el principio de no discriminación, consagrado en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Perú es signatario.
La información propalada por la entidad, enfatiza que exigir tal documento constituye un acto discriminatorio que restringe el acceso de estas personas a servicios notariales, creando barreras innecesarias y perpetuando estigmas. Además, se señala que los adultos mayores, incluso aquellos con algún tipo de discapacidad, deben ser tratados con el mismo respeto y dignidad que cualquier otro ciudadano, sin someterlos a procedimientos que violen sus derechos fundamentales.
Las notarías están obligadas a cumplir con la normativa que prohíbe cualquier tipo de discriminación. En lugar de solicitar certificados médicos, los notarios deben asegurarse de que el adulto mayor entienda el acto que está por realizar y que lo haga de manera voluntaria, sin presiones ni coerciones. Para ello, el notario puede valerse de técnicas de comunicación efectiva y, si es necesario, contar con el apoyo de un familiar o tutor que asista al adulto mayor durante el proceso, siempre y cuando este último así lo desee.
Finalmente, es importante recordar que cualquier adulto mayor que se sienta discriminado o vea vulnerados sus derechos puede denunciar estas prácticas ante las autoridades competentes, como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La protección de los derechos de los adultos mayores es una responsabilidad compartida por toda la sociedad, y las notarías no son la excepción.
