El presidente habla en África de la inmigración como “cuestión moral” en vez de como el derecho legal que es. Y al día siguiente, encima, anuncia como “imprescindible” la imposible e indeseable repatriación de sin papeles que defienden las derechas ultras
Sánchez afirma que es “imprescindible” el retorno de quienes llegan a España irregularmente
En su viaje a Mauritania, Gambia y Senegal la gran medida anunciada por el presidente Pedro Sánchez ha sido la migración circular. Cuando el año pasado asistí en Senegal a conferencias del encuentro Back to the roots, ya las autoridades del entonces presidente senegalés, el autoritario Macky Sall, vendían las virtudes de esos acuerdos que benefician a un centenar y pico de elegidos sin lograr interesar a los senegaleses presentes. ¿Sabéis qué preguntaban? Si los puestos de trabajo en las plataformas marinas para extraer los recién descubiertos petróleo y gas serían para trabajadores senegaleses o las multinacionales emplearían a mano de obra occidental, europea, como siempre.
O sea, que pensaban en cómo acabar con el expolio neocolonial y ganarse la vida en su amada tierra, con su amada gente, sin necesidad de migrar. Porque la inmensa ciudadanía del planeta estamos apegados a las raíces. Ahora bien, si necesitamos o queremos migrar no es, como buenistamente ha dicho el presidente Sánchez, una “cuestión de principios morales, solidaridad y dignidad”, es un derecho legal consignado en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que precede al artículo 14 del derecho a asilo de los perseguidos. ¿Aplicamos los derechos humanos, creados como vacuna frente a la barbarie, o los dejamos en papel mojado?
Estos días de verano en que como tantos andaluces vuelvo a La Montaña de nuestros ancestros, emigrantes de Cantabria, tengo fresca la visita al palacio del Marqués de Comillas, nacido como el modesto chiquillo Antonio López López quien, huérfano de padre y de madre lavandera, emigró de niño a Andalucía y luego, con 14 años, a Cuba donde hizo fortuna, emparentó con la alta burguesía catalana y llegó a íntimo de Alfonso XII.
¿A Antonio López, que empezó vendiendo baratijas y llegó a naviero, además de comerciante de esclavos negros, se le impuso alguna “migración circular”? ¿Cuántos españoles blancos llevaban permisos en la migración del XIX a Latinoamérica, o cuántos blancos en cualquiera de nuestras “avalanchas invasoras” a América, África, Asia? La guinda de la evidencia de nuestro “gran reemplazo” sobre los originarios americanos es que Cayetana Álvarez de Toledo (PP) y Javier Ortega Smith (Vox) tienen doble nacionalidad argentina y Rocío Monasterio (Vox), cubana. ¿Dirán que sus antepasados estaban allí desde el Big Bang… o, si lo prefieren, desde Adán y Eva?
Las y los españoles migramos hoy y en el pasado lo hicimos incluso hacinados y malnutridos en barcos inhumanos, como se ve en libros cual Pasajeros de tercera clase.
Y pese a ello bailando en la travesía lo que escandalizará a Xavier García Albiol (PP) en línea con su tuit sobre los pasajeros marroquíes del ferri Ibiza-Barcelona, o quizá la alegría frente al desaliento, según su racismo, está permitida dependiendo del color de piel.
España mantuvo invadidos territorios africanos hasta anteayer: el protectorado marroquí hasta 1958, la colonia de Guinea Ecuatorial hasta el 68, la provincia saharaui hasta 1975. ¿Cómo quien invadió con ejércitos llama “invasión” a la llegada de moribundos en pateras?
Más aún. Europa, y así España, están implicadas ahora mismo en oscuras operaciones en el Sahel, a través de Ucrania. Disparatado: mientras pagamos millonadas al gobierno de Mauritania, que pisotea los derechos humanos, en particular de las mujeres, para que impida la migración de malienses víctimas del yihadismo, grandes sumas de nuestros impuestos se le dan a Ucrania, aliada de los yihadistas en el Sahel, porque a los gobiernos de Malí, Níger y Burkina Faso que luchan contra el terrorismo les dan soporte militar Rusia y el grupo Wagner. Y la injerencia ucraniana es denunciada no solo por los tres países citados sino por la Comunidad Económica de África Occidental enfrentada a ellos.
Las postura de Sánchez ya era timorata al principio de su viaje a África (en Mauritania y Gambia), pero encima tras las críticas del PP acusándole de causar un “efecto llamada” y temiendo la campaña ultra que ha convencido a la población de que la inmigración es su cuarto problema, al llegar a Senegal afirmó que es “imprescindible” deportar a los sin papeles.
Hacer bandera de la expulsión masiva de sin papeles, en vez de regularizarlos, cuando trabajan, son necesarios y están deseando cotizar, es caer en avalar el racismo de la ultraderecha en vez de plantear con pedagogía la alternativa social cosmopolita
¿Dónde deja eso la tramitación aprobada por el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar la situación de 500.000 inmigrantes? ¿Ignora el presidente que en toda Europa los intentos de deportación masiva fracasan por la realidad diplomática y legal? ¿No hay en la socialdemocracia quien vea que estas alharacas sobre deportar a inmigrantes o las del Gobierno alemán que tras los asesinatos cometidos por un sirio criminaliza al colectivo dan votos y poder institucional a la ultraderecha radical y derecha radicalizada? ¿Los socios más de izquierda son impotentes o no inciden en el tema?
Me preocupa la noticia desvelada por elDiario.es de que el Ministerio de Juventud e Infancia, justamente liderado por la ministra de Sumar Sira Rego (IU), se plantea, frente al bloqueo por el PP del reparto de niños y niñas migrantes entre autonomías, externalizar sus cuidados a ONG. Se trataría de ceder la guardia y custodia a asociaciones en la península aunque la tutela siguiera en manos del Gobierno, en principio ceutí, ¿por qué no luego melillense o canario?
Si hoy ya hay un problema estructural de mal trato a los menores inmigrantes en centros externalizados ubicados en las comunidades que tienen su tutela, ¿qué no pasaría si, encima, los centros estuvieran en autonomías sin responsabilidad sobre sus vidas?
Mala idea. En el cuidado de los niños inmigrantes, de los inmigrantes en general, de los menores tutelados sean extranjeros o españoles, hacen falta menos externalización y más centros públicos mejor dotados, de profesionales bien pagados y de recursos. Igualito, vamos, que en sanidad, educación y las residencias de ancianos. Debe ser una convicción medular de la izquierda. No me entra en la cabeza que flaquee justo cuando conocemos casos de maltrato en centros externalizados como el de lesiones, tortura y agresión sexual en Ateca (Zaragoza) o el de la muerte por asfixia de Illias Tahiri en Tierras de Oria (Almería).
En absoluto son hechos aislados sino un problema estructural por la desatención de la Administración como prueban las denuncias de sindicatos aragoneses tras lo de Ateca y noticias como la destapada por elDiario.es a través de Canarias Ahora sobre cómo dos ONG copan el 67% del presupuesto millonario del archipiélago para atender a las y los chiquillos inmigrantes, con contratos a dedo, mientras sufren hacinamiento, violencia, desprotección infantil. Si esto ya pasa cuando los menores están en la misma comunidad que tiene su tutela legal, ¿qué no ocurriría si se mandan a centros de ONG en otras autonomías sin responsabilidad sobre sus vidas?
