El Kremlin anunció ayer que Vladimir Putin realizaría una visita oficial a Mongolia el próximo martes 3 de septiembre. Mongolia es uno de los países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado que reconoce la legitimidad a la Corte Penal Internacional (CPI). El tribunal, con sede en La Haya, emitió en marzo del pasado año una orden de arresto contra el presidente ruso y su comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por su presunta implicación en la deportación ilegal a Rusia de niños ucranianos en el marco de la denominada «operación militar especial».
Según los tratados, Mongolia tiene el deber de detener a Putin y entregarlo a la corte para ser juzgado. En esta línea se han pronunciado este viernes varias voces, exigiendo al Gobierno de Ukhnaagiin Khürelsükh que cumpla con sus obligaciones. Así lo ha expresado el tribunal a través de un comunicado: «Los Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI tienen la obligación de cooperar de conformidad con el Capítulo IX del Estatuto de Roma, mientras que los Estados no Partes pueden decidir cooperar de manera voluntaria». El CPI alerta de que «en caso de falta de cooperación, los jueces de la CPI pueden emitir una constatación en ese sentido» e informar de ello a la asamblea de los Estados Partes, que a continuación adoptaría «las medidas que considere apropiadas».
Otra de las voces ha sido la de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano espera que Mongolia sea «consciente del hecho de que Vladimir Putin es un criminal de guerra» y pidió a las autoridades mongolas su detención. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este viernes en rueda de prensa que no teme que Putin sea detenido en el país asiático. «No, no estamos preocupados (...) Tenemos un magnífico diálogo con nuestros amigos de Mongolia», indicó Peskov, quien añadió que «todos los aspectos de la visita ha sido preparados minuciosamente».
Khürelsükh recibirá a Putin en Ulán Bator para «intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales y la cooperación». Participará, además, en un evento conmemorativo por el 85 aniversario de la batalla del río Khalkh, en la que tropas soviéticas y mongolas se enfrentaron a fuerzas japonesas.
La CPI no tiene competencias para detener a sospechosos, y solo puede ejercer su jurisdicción dentro de sus países miembros. El acuerdo establece que, en determinadas circunstancias, los Estados pueden quedar exentos de la obligación de llevar a cabo una detención cuando se vean obligados a «incumplir una obligación contraída en virtud de un tratado» con otro Estado o cuando se viole «la inmunidad diplomática de una persona o de los bienes de un tercer Estado».
«En caso de falta de cooperación, los magistrados de la CPI pueden hacer una constatación en ese sentido e informar de ello a la Asamblea de Estados Partes. Corresponde entonces a la Asamblea tomar las medidas que considere oportunas», según el portavoz de la CPI. El año pasado, Putin canceló una visita a una cumbre en Sudáfrica a raíz de la orden de detención de la CPI. Como firmante del tribunal, Sudáfrica debería detener a los sospechosos en su territorio, pero el presidente Cyril Ramaphosa advirtió de que Rusia lo vería como una declaración de guerra.
