La ministra Anna Katharina Müller solicitó a la Contraloría General de la República una prórroga hasta el 26 de mayo de 2025 para entregar la política educativa que esa entidad le exigió como parte de las disposiciones emitidas en un informe divulgado a finales del año pasado. Dicho documento establecía el 30 de agosto como fecha límite para la presentación de dicha política.
Ante consulta de este diario, la Contraloría informó de que el pasado 3 de mayo, la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) envió un oficio para comunicarle la conformación de un equipo de trabajo encargado de elaborar la política del sistema educativo.
En el documento, la jerarca señaló “que se está valorando el instrumento idóneo para dirigir el proceso de planificación”, motivo por el cual solicitó la ampliación del plazo hasta el 26 de mayo de 2025, a un año de concluir la gestión. Dicha solicitud está siendo analizada por el órgano contralor.
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Según las disposiciones contempladas en el informe DFOE CAP IAD 00012-2023, de diciembre anterior, la ministra Müller debe elaborar una política para el sistema educativo en los ciclos bajo su rectoría, es decir, preescolar, primaria y secundaria.
Este plan debe tener un enfoque orientado hacia la planificación integral a mediano y largo plazo en las instituciones correspondientes y formularse con la participación de los tomadores de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.
“Dicha política deberá contemplar al menos el estado de la situación, definición de enfoques y principios, lineamientos, objetivos, metas, indicadores, seguimiento y evaluación, así como la gestión de riesgos para alcanzar la planificación integral de los servicios educativos”, añade el documento.
La información debía ser entregada a más tardar el 30 de agosto y remitida al Consejo Superior de Educación para su análisis, discusión, aprobación, oficialización y divulgación. Para esta última etapa se fijaba como plazo el 13 de setiembre de 2024.
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La Contraloría también había ordenado al MEP elaborar, oficializar e implementar un instrumento metodológico para dar seguimiento a la citada política e incorporar acciones, plazos y recursos que permitieran evaluar los resultados de ese plan. Este instrumento debía ser creado antes del 30 de julio de este año, y para el 30 de abril de 2025, se debía entregar una certificación que constatara la implementación de dicha herramienta.
A la fecha, el país también está a la espera de que la ministra Müller entregue el documento de la llamada Ruta de la Educación, un plan que ella anunció en febrero de 2023, del que solo se conocen 56 diapositivas colgadas en el sitio web del MEP. No se incluyen objetivos claros, cronograma, metodología y presupuesto.
Este diario le consultó en julio a la jerarca cuándo estaría listo y su respuesta fue: “Saldrá cuando sea oportuno”.
Las disposiciones de la Contraloría de diciembre pasado surgieron tras determinar que la planificación del sistema educativo no se realiza con una visión integral y que existe un bajo cumplimiento en el objetivo de lograr una estructura participativa, coordinada y prospectiva entre todos los niveles.
Según detalla el documento, esta situación se debe a que el proceso de planificación se lleva a cabo de manera institucional, sin contar con objetivos, metas, riesgos y la determinación del valor público entre todas las instituciones que brindan el servicio.
Además, no se integran las capacidades institucionales en cuanto a recursos compartidos, distribución de tareas o acuerdos formales. Tampoco se cuenta con grupos de trabajo interinstitucionales, sistemas de información compartidos o herramientas colaborativas que permitan optimizar los recursos destinados al proceso de planificación.
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La Contraloría subraya que estos resultados evidencian la falta de un involucramiento activo de las partes interesadas del sistema educativo, lo que impide generar insumos adecuados para la toma de decisiones.
La Nación consultó al MEP sobre el avance de la política solicitada por la Contraloría, así como la etapa del proceso en que se encuentra dicho informe, pero no se obtuvo respuesta.
Colaboró la periodista Fernanda Matarrita.
