El presidente Javier Milei firmaría esta tarde el veto al proyecto de movilidad jubilatoria que fue sancionado en el Senado el jueves de la semana pasada. Es la primera ocasión en la que el jefe de Estado usa ese recurso desde que asumió en la gestión nacional.
A pesar de varios rumores a lo largo de la semana que hablaban de la posibilidad de un rechazo parcial, altas fuentes de Presidencia confirman que Milei firmará un veto total. "No vamos a comprometer las cuentas del Estado ni el superávit fiscal", afirman desde la Casa Rosada.
La decisión saldrá mediante un Decreto que tendrá la firma del Presidente. Para oficializarse, deberá ser incluida en el Boletín Oficial, siendo el lunes la fecha elegida por los alfiles de Milei. En un comienzo, se había estipulado que saldría entre el jueves y el viernes de esta semana; pero afirman que no se dieron los tiempos para la redacción final del veto.
"No se demoró, hay tiempo. ¿Para qué apurarlo?", afirman cerca del jefe de Estado. Milei quiere explicarle el veto y la decisión a los principales líderes de bloque aliados que tiene el Gobierno, a quienes convocó para este viernes a la Casa de Gobierno. Estarán reunidos en el despacho del Presidente Cristian Ritondo (PRO) y Oscar Zago (MID). A la vez, será de la partida el jefe de bloque libertario Gabriel Bornoroni.
Cristian Ritondo y Javier Milei se verán las caras este viernes en Casa Rosada.
Aunque la confirmación proveniente de la Casa Rosada indica que saldrá el próximo lunes, si el Presidente decidiera retrotraer la decisión a último momento tiene hasta el 9 de septiembre para comunicar el veto. De manera contraria, el proyecto pasará a ser promulgado de manera automática por haber transcurrido 10 días hábiles desde que se le comunicó la norma desde el Legislativo al Ejecutivo.
Será la primera acción del largo proceso que podría producirse por el veto. Después del rechazo, el Congreso tendrá la posibilidad de insistir con la sanción del proyecto; debiendo conseguir los dos tercios de los votos en ambas cámaras para imponer la promulgación. Si no lo consiguen, se mantiene el veto y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.
El viernes pasado, Milei aseguró en una disertación con la Bolsa de Comercio de Rosario que el costo fiscal de la Ley de Movilidad Jubilatoria que votó el Congreso es de 370.000 millones de dólares, y que ante esa "bestialidad de brutos" perpetrada por los "degenerados fiscales" de los legisladores, el Gobierno no va a "entregar el déficit cero" ya que "la mejor política social es bajar la inflación".
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una eventual ratificación del proyecto significaría un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año. No es la proyección que difunden desde la Oficina del Presidente (OPRA), que la semana pasada dijeron que la ley "implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes".
"Lo que ha intentado hacer el Congreso es romper el programa económico. Primero, porque mienten, son basuras deshonestas intelectualmente. Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos en términos reales, por encima de la inflación", buscó excusarse el fin de semana el Presidente en declaraciones a Radio Mitre.
