El debate sobre la inmigración irregular, que hasta ahora había permanecido relativamente acotado con respecto a otros países europeos, ha irrumpido con fuerza en el escenario político español, con la escalada de llegadas de inmigrantes a Canarias como catalizador.
Palabras del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, durante una gira por tres países africanos esta semana, así como la multiplicación de declaraciones de la oposición de derecha sobre un tema que cada vez preocupa más a la opinión pública, han contribuido a encender el debate.
Por la propia historia de España, durante mucho tiempo país de emigración, la cuestión no había ganado el peso político que tiene, por ejemplo, en Francia, Alemania o Reino Unido.
Pero las cosas cambiaron con el espectacular aumento del número de inmigrantes que llegan a diario en precarias y atestadas embarcaciones desde las costas de África occidental a las islas Canarias.
Desde enero, más de 22.000 personas han alcanzado el archipiélago atlántico, frente a menos de 10.000 durante el mismo período de 2023.
Ante este incremento, Sánchez emprendió un viaje a Mauritania, Gambia y Senegal, tres países desde donde sale buena parte de los inmigrantes.
En suelo africano, Sánchez defendió "una migración segura, ordenada y regular", principalmente mediante acuerdos de "migración circular", es decir, el envío a España de trabajadores en función de las necesidades de la economía española -especialmente para trabajar en el sector agrícola-, que luego regresen a su país de origen.
Una solución modesta y que no resuelve la situación en Canarias.
En Mauritania, Sánchez lanzó un mensaje positivo, afirmando que la contribución de los inmigrantes a la economía española es "fundamental" y una vía de "riqueza, desarrollo y prosperidad".
La inmigración "no es un problema", sino "una necesidad que implica ciertos problemas", subrayó.
Unas palabras que aprovechó Alberto Núñez Feijóo, el líder del conservador Partido Popular (PP), el principal de oposición, para contraponerlas con las imágenes en Canarias.
"Es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular", escribió el miércoles en X Feijóo, quien acusó a Sánchez de "promocionar España como destino", al revés "que el resto de la Unión Europea", donde el discurso frente a la inmigración se ha ido endureciendo.
Luego, en Senegal, Sánchez mostró un rostro un poco menos amable.
Recordando que las mafias de traficantes de personas que organizan los viajes a Europa desde África tienen en ocasiones vínculos con redes terroristas o narcotraficantes, y subrayando que la seguridad es una "prioridad máxima", Sánchez consideró "imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente".
Es decir, su expulsión hacia sus países de origen, algo que estos últimos deben aceptar, lo que no siempre ocurre.
Lo dicho por Sánchez es "un poco contradictorio", estimó a la AFP la analista Cristina Monge, quien piensa que el socialista intentó un equilibrio con sus palabras.
"Su primera intervención era con una óptica europea, de derechos humanos", pero "cuando plantea el tema de las devoluciones, (...) lo que gana por la derecha, lo pierde por la izquierda".
De hecho, mientras el Partido Popular celebró irónicamente el énfasis de Sánchez en la seguridad, la izquierda radical, socia de Sánchez en su gobierno de coalición, mostró su indignación.
"Seguir las mismas recetas en migración que la derecha es un fracaso y un error", señaló en X Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y número tres del gobierno, y hasta junio pasado líder de la plataforma de izquierda radical Sumar.
La polémica podría intensificarse si sigue aumentando el número de inmigrantes que llegan a Canarias, algo que puede ocurrir con la llegada de mejores condiciones para navegar por esa zona del Atlántico.
Y con la derecha endureciendo sus posturas, acercándolas a las de la extrema derecha de Vox, un partido muy hostil frente a la inmigración.
