Javier Milei no quiere que el veto se corra un centímetro de lo que anunció horas después de la aprobación de la movilidad jubilatoria en el Senado: será total y no comprenderá excepciones de ningún tipo. "El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará", rezaba una semana atrás el comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA).
En la Secretaría Legal y Técnica estaban esperando el "OK" del despacho presidencial para incluir el veto en el Boletín Oficial del viernes, algo que no sucedió. Hasta el momento no hay una fecha definida, aunque comunicaban que sería en los próximos días, ya que el inminente decreto con el veto tiene la firma del Presidente.
El plazo temporal para definirlo está claro: si una ley no es vetada por el Poder Ejecutivo en el plazo de los diez días hábiles posterior a su sanción, se considera automáticamente promulgada.
Será el primer veto de su gestión. Tiene el superávit fiscal como principal basamento, tanto para el corto plazo (porque dicen que no tienen de dónde readecuar partidas para cumplir con el incremento que indica la Ley) como para el largo (que la indexación por IPC más los incrementos reales a través del RIPTE harán insostenible la capacidad de pago el año próximo).
"En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso", afirmó Milei.
Milei está convencido de que debe vetar la ley de manera completa
A pesar de las versiones de algunos funcionarios oficiales, Milei fue quien decidió vetar la ley completamente. En las negociaciones en el Senado, el Gobierno designó como interlocutor al vicejefe de Gabinete de Interior, José Rolandi; que hasta el mismo día de la sesión estaba buscando los votos para que la ley saliera, pero solo con algunos puntos.
Los funcionarios libertarios aceptaban que las jubilaciones subieran por inflación. También la garantía para que una jubilación mínima no sea inferior a la canasta básica de un adulto multiplicado por 1,09. Pero no se quiso aceptar bajo ningún aspecto que se agregara un adicional anual del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la mejoras en los haberes en momentos de crecimiento económico.
Fue por esta divergencia que, en la Casa Rosada, funcionarios de alto rango cercanos a Milei especulaban con poder convencerlo de hacer un veto parcial. Algo que, finalmente, no tuvo éxito. "Pensar que se podía firmar un veto parcial es no conocer a Javier [Milei]", esgrimió un colaborador libertario en diálogo con este medio.
Después de que el Boletín Oficial comunique el veto presidencial, el Ejecutivo tiene que enviar un mensaje formal al Congreso Nacional, que pasará a decidir si comenzar el trámite para insistir o no. Por ser la cámara de origen (es decir, que dio la media sanción del proyecto), Diputados será el recinto donde se tratará en primer término.
Fuentes legislativas explicaron a El Cronista que el veto puede ser tratado directamente en sesión.
En ese caso, tanto oficialismo como oposición marcan que los números están justos. Para que el veto siga su curso hacia el Senado, quienes insisten con la movilidad jubilatoria deben conseguir a los dos tercios de los presentes el día de la sesión. Aunque hay poroteos informales, desde la UCR afirman que "será un trabajo voto a voto, en competencia con el Gobierno que buscará hacérnoslos caer".
El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO -que en Diputados rechazó la iniciativa- son optimistas. "La insistencia requiere 2/3, así que, si no los tenés da igual que tengas dictamen o no", se animaba a presumir una espada legislativa clave del partido amarillo. En los despachos de Casa Rosada la seguridad era aún mayor: "Nosotros creemos que en Diputados lisa y llanamente no tienen los números; en el Senado sería penoso que el PRO quiera negociar algo a cambio de votos".
Si bien el proyecto había tenido media sanción con dos tercios, esto se debió a las ausencias que tuvo LLA y PRO en la votación. Quienes quieren afirmar el veto estiman que si logran llevar a todos sus alfiles al recinto y promover el faltazo de los indecisos; su bloque se hará más fuerte y se le hará cada vez más difícil a Unión por la Patria y a la UCR conseguir votos.
De estar todos los diputados presentes, el oficialismo debe conseguir al menos 86 votos negativos para que no se apruebe la insistencia por dos tercios. Pero con las ausencias de una determinada cantidad de legisladores, el número necesario disminuye a 83 u 84 votos negativos.
El bloque libertario en Diputados deberá negociar con alfiles de bloques menores y provinciales para conseguir las adhesiones suficientes para rechazar el veto
Es un hecho que el oficialismo llevará a sus 36 alfiles (no se lo cuenta a Menem por presidir la sesión) y que podrá sumar al espacio de Oscar Zago, el MID, que tiene 3 bancas; a Carolina Píparo y Lorena Macyszyn de Buenos Aires Libre y el monobloque de Lourdes Arrieta. Los seis votaron negativo en la votación general.
Aunque al momento de la votación de la general hubo siete diputados del PRO que se ausentaron (entre ellas María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato), la intención de la generalidad del bloque es alinearse a la posición de Milei. El espacio amarillo cuenta con 37 curules. Se espera que se una a ese grupo Ricardo López Murphy (CABA-Hacemos Coalición Federal), que fue el único de su bloque en votar negativo.
El resto de los legisladores de espacios minoritarios o fuerzas provinciales son los principales ámbitos donde buscarán cuatro o más diputados para asegurar la votación.
El Poder Ejecutivo ya advierte que en el caso de no poder frenar la insistencia en Diputados y en el Senado avanzará con una judicialización. Aunque el área específica que aglomera a los abogados del Estado Nacional es la Procuración del Tesoro, fuentes oficiales informaron que todavía no se puede estimar cómo se llevaría a cabo ese proceso.
"Es hacer futurología. Habría que ver qué tipo de demanda, quién la plantea y por cuál organismo deciden ponerla si es que llegado el caso deciden ir por esa vía... falta mucho para eso", afirman cerca de Rodolfo Barra, el titular de la Procuración.
Tal y como suele ser, se espera que haya una extensa explicación en los considerandos del veto. Podría haber una explicación parecida a la que dio Cristina Kirchner cuando -con el Decreto 1482/10- rechazó el proyecto de Ley N°26.649 -mejor conocido como "82% móvil"-, que proponía establecer el haber mínimo garantizado en 82% del salario mínimo.
En ese entonces, CFK justificó su veto debido a que el proyecto no especificaba cómo se iba a financiar con los fondos del Presupuesto, indicando además que "su promulgación implicaría prácticamente la quiebra del sistema previsional" y del "propio Estado".
