Solo en septiembre, a los $500 billones que dejará de recaudar por el recorte del impuesto PAIS, el ministro de Economía, Luis Caputo, sumará la pérdida de recaudación de alrededor de u$s 200 millones por volver a diferir el tributo a los combustibles. Las dos medidas, si bien impactan negativamente en el objetivo del superávit fiscal, favorecen una desaceleración de la inflación, para que el dato mensual rompa el piso del 4% mensual, donde se mantuvo en los últimos tres meses.
A partir del lunes 2 de septiembre, Caputo confirmó que el impuesto PAIS que pagan las importaciones baja 10 puntos, de 17,5% a 7,5%, volviendo a los niveles en los que lo había dejado el gobierno anterior. Se trataba del tributo estrella. Solo en julio, había recaudado $698.351 millones, un aumento interanual del 966%, y representó el 6% del total de la recaudación de ese mes.
El Gobierno no dio un número oficial de la pérdida de recaudación. Es difícil de estimar, porque podría variar en el caso de que un abaratamiento de las importaciones implique un aumento en las cantidades. Las previsiones varían: podrían ser $1700 millones hasta fin de año, un 0,3% del PBI, según el Departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia. Solo para septiembre, podría ser el equivalente a $500.000 millones.
A eso habrá que sumarle otra pérdida en la recaudación que el Gobierno decide afrontar. Aunque todavía no fue anunciado oficialmente, según pudo saber este diario, en septiembre volverá a diferirse la aplicación del impuesto a los combustibles (ICL). Eso permitirá que el combustible aumente un 1% por actualización de impuestos, y el resto por el crawling peg del tipo de cambio, del 2%. Por lo tanto, los aumentos estarán en torno al 3%, aunque en el surtidor variará, con diferencias entre CABA y AMBA, y también con distintas subas entre nafta y gasoil.
Aunque todavía no fue oficializado cómo quedará el impuesto a los combustibles, podría ser similar al mes pasado. En agosto, la postergación del impuesto significó una pérdida de recaudación estimada en u$s 191 millones por las ventas de combustibles, según la consultora Economía y Energía.
Si aplicaran el ajuste por inflación en el ICL que establece la ley, los combustibles experimentarían un salto del 20%. Por eso, el Gobierno modificará por quinta vez en el año, mediante un decreto, la aplicación de este tributo, una medida a la que recurren todos los gobiernos para evitar los impactos en la economía de la suba del combustible.
El Gobierno mantendrá el superávit fiscal como una variable innegociable. Para compensar estas bajas impositivas, que impactan favorablemente en la inflación, el equipo económico avanzará con varias medidas. La de mayor impacto en las cuentas públicas es la puesta en marcha del paquete fiscal, con la vuelta del impuesto a las Ganancias, el anticipo de bienes personales y la moratoria.
También sumará la quita del subsidio a los colectivos del AMBA, equivalente a $15.000 millones. En cuanto a tarifas, habrá que ver qué pasa con los 1,7 millones de usuarios que hoy tienen subsidios por contar con tarifa social, pero que, si no se inscriben en el RASE, lo perderán. El plazo vencía en agosto, lo postergaron hasta el 4 de septiembre, y ahora aseguran que ya no lo extenderán.
Por último, en el Palacio de Hacienda apuestan por un repunte en la actividad económica. Miran un trabajo de Alphacast que ya empieza a mostrar algunos sectores con una incipiente recuperación intermensual, como la producción de autos, los despachos de cemento o los créditos al sector privado.
