Lejos de la tranquila cena parisina que esperaba Pavel Durov, su viaje a Francia se ha convertido en toda una pesadilla. En cuatro días, el magnate ruso y fundador de Telegram pasó de sospechoso a imputado, de disfrutar el libre movimiento que le dan sus cuatro pasaportes a no poder abandonar territorio francés, de ser un empresario joven y «cool» a un presunto cómplice del crimen organizado.
La Justicia francesa lo vigilaba con recelo desde hacía meses, incluso años, reprochándole no tomar las medidas necesarias en su mensajería para filtrar y controlar los contenidos ligados a la pedofilia, el narcotráfico, el fraude, el ciberacoso y el terrorismo.
A pesar de que en las investigaciones de ataques terroristas, fraude financiero y redes de pornografía infantil, Telegram aparecía frecuentemente como la plataforma más utilizada, la empresa no colaboró nunca con las autoridades judiciales de Francia. Hoy lo paga caro. La Fiscalía de París ha imputado oficialmente al dueño de Telegram con doce cargos importantes en los que la palabra «complicité» es la más usada. Complicidad en seis casos: administración de una plataforma en línea para permitir actividades ilícitas de una organización criminal, posesión y difusión de imágenes de menores de edad con carácter pedopornográfico, adquisición, posesión y transporte de productos estupefacientes, fraude en banda organizada y ofrecimiento o cesión de una plataforma para procesamiento automático de datos sin motivo legal. También se acusa a Durov de conspiración criminal para delinquir, blanqueamiento de crímenes, así como la provisión, importación y uso de un sistema de encriptamiento de datos para garantizar confidencialidad absoluta sin declararlo a las autoridades nacionales. El duodécimo cargo se basa en la negativa de Telegram y su consejo directivo a comunicar información de sus contenidos a las autoridades a pesar de estar autorizado por la ley.
Durov, de 39 años, ha sido puesto en libertad condicional y estará sujeto a una estricta supervisión judicial que incluye una fianza de cinco millones de euros, un régimen de presentación de dos veces por semana en comisaría y la prohibición de salir de Francia. Su caso fue asignado a la Oficina Nacional Antifraude y los gendarmes del Centro de Lucha contra la Delincuencia Numérica.
Para la empresa de mensajería, es un «absurdo» afirmar que una plataforma o su propietario son responsables o puedan estar involucrados en los abusos que los usuarios cometan con ella. El abogado de Durov, David-Olivier Kaminski, aseguró también que «la compañía cumple las leyes de la Unión Europea y que Telegram está conforme a todos los puntos a las reglas del bloque en lo digital».
Por su parte, la reacción de Moscú no se ha hecho esperar. El Kremlin –a través de su portavoz Dimitri Peskov– advirtió este jueves que el proceso judicial contra el patrón de Telegram «no debe convertirse en una persecución política». El Gobierno ruso ya había declarado que los cargos contra Durov eran «muy graves» y advirtió a Francia que no intente «intimidar» a Durov. El presidente francés, Emmanuel Macron, negó que su detención fuera política.
Pero no todos los cargos contra Durov están relacionados con Telegram y sus contenidos. También se ha abierto una segunda investigación contra el magnate digital por «violencia grave» cometida en París contra uno de sus hijos, hoy de siete años.
La fortuna de Durov está estimada por «Forbes» en 15.500 millones de dólares. Y eso es parte del problema: su ultra próspero negocio suscita todo tipo de sospechas, especialmente sobre los vínculos con las autoridades rusas y las de sus países de adopción, como Emiratos Árabes, ya que desde 2014 vive oficialmente en Dubái.
