Nuevo proyecto audiovisual. Rafael Amargo está preparando una docuserie en la que narrará toda su experiencia profesional y su versión de los hechos sobre la polémica relacionada con el tráfico de drogas, acusación de la que ha sido absuelto tras ser detenido.
El bailador ha aceptado la propuesta de esta docuserie para poder explicar al mundo qué ha sucedido y demostrar que su carrera vital ha sido mucho más que este caso que han vivido en los últimos años. Todavía se desconoce cuál va a ser la productora del documental y dónde se podrá ver.
Confidencial Digital ha tratado de ponerse en contacto con fuentes cercanas a Rafael Amargo para conocer más detalles de este proyecto. A cierre de edición, no ha habido respuesta.
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado mes de noviembre que entrara en prisión el bailador Rafael Amargo debido a un quebrantamiento del riesgo de fuga y de sus correspondientes medidas cautelares previas al juicio que se celebró el mes de abril.
Al artista además se le acusó en un juzgado de Instrucción de Madrid de un delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad. Este caso surgió tras una denuncia en julio del año pasado presentada por sus vecinos sobre la presunta venta de droga en un piso de Madrid.
En las testificales, el instructor del atestado policial detalló que al inicio de la pandemia se detectó un tránsito sospechoso de personas en el número 4 de la calle La Palma de la capital, por lo que se estableció una vigilancia continuada sobre el edificio.
Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al bailador de la acusación de vender droga en su casa en el mes de mayo. Durante el caso, la Fiscalía pidió para Rafael Amargo y el productor Eduardo de Santos nueve años de cárcel y seis para su socio Manuel Ángel Batista. Los acusados, por su parte, reconocieron que consumían droga, pero no que la vendieran.
El tribunal dio la razón a la defensa del artista, ya que consideró que el juez instructor “no entró a ponderar la suficiencia de los datos” que justificaran las escuchas telefónicas. Además, explicó que “no se cumplían las exigencias mínimas que habilitan para acordar la intromisión en el derecho al secreto de las comunicaciones”. También se decidió no tener en cuenta el trabajo de la Policía Judicial del caso.
