Con 53 votos negativos, la asamblea universitaria rechazó el pedido de vacancia que presentó un grupo de docentes en contra de Santos Montaño, rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP) que afronta una investigación judicial por el presunto delito de concusión.
La pesquisa inició cuando un reportaje de Cuarto Poder señaló que Montaño habría recibido 10.000 soles en su despacho alterno por servicios prestados en la mencionada casa de estudios. Pero la institución emitió un comunicado para rechazar tajantemente la veracidad de las grabaciones difundidas, ya que "obedece a un propósito extorsivo que viene siendo corroborado por la Divincri PNP de Piura". Incluso la UNP se comprometió a colaborar con cualquier indagación oficial.
Tras imponerse una detención domiciliaria contra Santos Montaño, un total de 25 docentes firmaron la solicitud de destitución rectora por supuestamente haber mellado la honorabilidad de la Universidad Nacional de Piura y por padecer una enfermedad que le impediría asistir a sus labores.
Los asambleístas que abogaron por la permanencia del rector argumentaron que no se cumplirían las causales de vacancia porque Santos Montaño goza del derecho a la presunción de inocencia al no contar con una condena firme en última instancia. Además, señalaron que en el pedido de vacancia no se incluye ningún informe médico que confirme que el cáncer que enfrenta impida el ejercicio de sus funciones como rector.
También destacaron que Santos Montaño no ha tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente. "No se puede suspender a ningún asambleísta por mandato judicial, puesto que hemos sido elegidos democráticamente," afirmó uno de los asambleístas.
Sin embargo, el profesor Lucio Arana declaró a La República que se debió producir la destitución de Montaño. Asimismo, informó que los defensores de la vacancia han presentado un expediente al tribunal de honor para que se empiece un proceso disciplinario contra el rector de la UNP.
En total hubo 58 votos de los asambleístas:
Una investigación periodística llevada a cabo por el equipo de Cuarto Poder ha revelado que el rector de la Universidad Nacional del Perú (UNP) habría recibido un soborno de 10.000 soles de un presunto proveedor, con el objetivo de asegurar un "trato directo y sin intermediarios".
En un video difundido, Montaño sostiene que tiene la capacidad de influir en el nombramiento de las autoridades de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), gracias a su relación con el actual superintendente, Manuel Castillo Venegas, quien también actúa como su abogado. Castillo fue designado para el cargo por el Consejo Directivo de Sunedu, aunque su elección ha sido objeto de controversia debido a que se permitió que votaran dos encargados en lugar de los titulares correspondientes.
Incluso el Ministerio Público intervino en el área de Tesorería del rectorado para solicitar la exhibición y entrega de los documentos relacionados con la denuncia periodística. En este caso también están involucrados Juan Ademir Nima Villaseca, asesor del rector, y Fátima Sandoval Oliva, directora general de Administración del campus. Ambos han optado por la terminación anticipada del proceso, aceptando su responsabilidad en los hechos.
Según declaraciones de Roberto Mendoza, exasesor del rector, este gestionó reuniones con miembros de la Comisión de Educación del Congreso que promovieron la ley que permitió la reconfiguración del Consejo Directivo de Sunedu.
El Poder Judicial ha impuesto una medida de detención domiciliaria por nueve meses en contra de Santos Montaño, rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP). Él afronta una investigación por el delito de concusión. Además, deberá pagar una caución de S/100.000 en un plazo de 10 días hábiles.
Adicionalmente, el juez Christian Azabache Vidal impuso comparecencia con restricciones a Fátima Sandoval Oliva, directora general de la Administración de la sede de estudios, y Juan Nima Villaseca, asesor del rector.
Un equipo de la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) llevó a cabo una investigación preliminar en la sede de la Universidad Nacional de Piura (UNP) para verificar que tanto las actividades académicas como administrativas no se vean perjudicadas por el caso del rector Santos Leandro Montaño Roalcaba. Los funcionarios de la Sunedu entraron a la mencionada casa de estudios y procedieron con el levantamiento de la información.
