Cuando pensábamos que el mercado inmobiliario no podía empeorar, la aparición de un anuncio de alquiler en Badalona causó la indignación de los usuarios de la red social X ante una insólita condición impuesta por la inmobiliaria. Para nadie es un secreto que buscar un nuevo piso en medio de la crisis inmobiliaria y con la gentrificación en pleno auge puede ser una tortura moderna. Las grandes ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia, no dan abasto, y los precios por metro cuadrado son cada vez más exorbitantes.
El anuncio en cuestión es de un piso de 65 m² en la calle Sant Andreu en Badalona, y aunque a simple vista todo parece normal, basta con leer un poco más a profundidad el anuncio para darse cuenta de que "se cobra la visita a 9,90 euros". Los usuarios de X no tardaron en reaccionar con indignación a dicho anuncio, ya que es evidente que este tipo de medidas refleja la mezquindad de muchas empresas constructoras, inmobiliarias e incluso caseros independientes.
El anuncio ahora no se encuentra disponible, pues fue retirado del famoso portal de búsqueda para compra y alquiler de vivienda, Idealista. Algunos usuarios han sugerido que la existencia de este anuncio podría ser el resultado de la ley de vivienda en Cataluña, que ha sido objeto de controversias.
Si bien no existe una normativa específica que permita o prohíba de manera explícita este tipo de cobro, probablemente porque no se había planteado antes, las agencias inmobiliarias pueden intentar justificarlo como un servicio adicional. En este caso, es fundamental que los potenciales inquilinos o compradores estén informados de antemano y que se aseguren de que dicho cobro esté claramente especificado en los términos y condiciones del servicio ofrecido por la agencia.
Sin embargo, Macarena Redondo, abogada de Legálitas, ha declarado para Noticias Cuatro que este tipo de prácticas son irregulares, ya que la nueva ley de vivienda determina que los gastos de gestión y formalización corresponden al arrendador. Cabe aclarar que esto es en relación con el arrendamiento, pero cuando se trata de la compraventa, no hay una ley clara al respecto, por lo que la inmobiliaria podría realizar este cobro sin mayor inconveniente.
Ahora bien, en caso de que dicho cobro sea considerado abusivo o no esté suficientemente justificado, podría ser denunciado ante las autoridades de consumo, y la propia agencia podría enfrentar reclamaciones.
El primer problema es que la inflación y el aumento de los tipos de interés han encarecido las hipotecas, lo que ha reducido la capacidad de compra de muchas familias. Por otro lado, la situación política en Cataluña, marcada por las tensiones entre el gobierno central y la Generalitat, también ha influido en la crisis del sector, ya que ha generado desconfianza entre los inversores, tanto nacionales como internacionales, lo que ha reducido el flujo de capital hacia nuevos proyectos inmobiliarios en la región.
Además, la regulación del mercado de alquiler, con medidas como el control de precios, ha desincentivado a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler, reduciendo la oferta disponible y agravando la crisis de acceso a la vivienda en las principales ciudades catalanas, como Barcelona. Eso sin mencionar la existencia aún en aumento de los pisos de renta corta o turísticos.
