A raíz del caso Audios o caso Hermosilla, la defensa del principal acusado, Luis Hermosilla, realizó un punto de prensa cuestionando los pronunciamientos del Gobierno al respecto. El abogado Juan Pablo Hermosilla tildó de “completamente inaceptable la intervención del Ejecutivo en una causa que no está cerrado”.
En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el abogado y ex presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, cuestionó el tono que está tomando la discusión. “Sale de todo lo razonable. Excede los límites de lo que corresponde. Este es un caso judicial, debería mantenerse en el ámbito judicial y la discusión debería ser jurídica, no de reproches mutuos que van y vienen”, afirmó al respecto.
El abogado abordó también el pronunciamiento del Presidente Gabriel Boric respecto de la prisión preventiva para Luis Hermosilla. “El Jefe de Estado puede opinar de estas causas. No es como decía el abogado Hermosilla que estaba infringiendo la Constitución. Pero creo que todas las autoridades del Ejecutivo y del Parlamento, si quieren opinar de causas pendientes, tienen que hacerlo con un tono de respaldo institucional y de sobriedad. No personalizar estas cosas en un acusado en particular”, expresó Drago.
“Eso implica responder, eso implica politizar y llevar a otro plano este diálogo. Creo que eso no es positivo para las instituciones”, agregó y reiteró la importancia de mantener la discusión en el ámbito jurídico.
Respecto a una de las esquilas del caso Hermosilla, que tiene relación con el proceso de nombramiento de cargos en el Poder Judicial, Drago apuntó a que toda esta situación ha evidenciado que el “sistema está bien agotado”: “Necesita estándares de transparencia muy superiores. Y que no corresponde al encierro en que el Poder Judicial siempre ha actuado”, lanzó Drago.
“La rendición de cuentas que se le exige a un ministro de Estado, incluso al Presidente de la República, es muy superior que la rendición de cuentas y exigencia que se tiene respecto a un ministro de la Corte Suprema o al propio presidente del máximo tribunal”, cuestinó el abogado.
Asimismo, el ex presidente del Consejo para la Transparencia sostuvo que “el sistema de nombramientos implica una decisión pública del Jefe de Estado, que propone los nombres al Parlamento, y ahí empieza a operar el lobby. Porque alguien tiene que ayudar a ese candidato a que el Presidente lo elija y que tenga los votos, y ahí empiezan las distorsiones de este proceso”.
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