La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó a finales de abril un requerimiento contra las empresas Indura y Linde por colusión en el mercado de gases industriales y medicinales entre noviembre de 2019 y enero de 2021. En respuesta a la acción de la FNE, Indura presentó sus descargos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Según consignó La Tercera, estas empresas habrían acordado no competir entre sí por los clientes que ya abastecían, lo que afectó a diversos sectores, incluyendo el hospitalario.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó multas por un total de 37 mil 999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), cerca de 31,3 millones dólares, de los cuales 31,2 millones corresponden a la empresa Indura, mientras que 114 mil están dirigido al ex gerente general de la misma firma, Marcelo Torres.
Las empresas y ejecutivos requeridos presentaron sus descargos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Indura argumentó que la FNE ignoró “importantes antecedentes de hecho y económicos” que podrían haber refutado la teoría del caso presentado.
Además, acusaron que FNE seleccionó “a su antojo” fragmentos de comunicaciones y los interpretó de manera que favorecieran su acusación, sin considerar el contexto completo y otros factores relevantes.
En el escrito, Indura apuntó a “graves errores, simplificaciones, omisiones, contradicciones y sesgos” en la investigación del organismo público, la que calificó de “deficiente”.
La compañía sostuvo que la reunión llevada a cabo el 11 de noviembre de 2019, tuvo una duración muy breve, y que, debido al escaso tiempo disponible y la naturaleza del encuentro, era improbable que en ese encuentro se hubiera podido alcanzar un acuerdo de colusión tan complejo como el que sugiere la FNE.
Asimismo, se señaló que Marcelo Torres, uno de los ejecutivos involucrados, tenía otra reunión a las 9 en las oficinas de Indura, lo que hace que el tiempo disponible fuera aún más limitado.
En tanto, el ex gerente general de Indura manifestó que “no podemos descartar que la delación de Linde y sus exejecutivos sea un intento de desviar la atención y evitar las eventuales responsabilidades, infraccionales y penales, derivadas de su presunta participación en un verdadero cartel que involucró a otros competidores y en el cual nuestro representado jamás intervino”.
“Los casos puntuales descritos por la FNE no constituyen acuerdos colusorios y el intento de agruparlos artificiosamente y calificarlos como ‘desvíos’, solo es una construcción para forzar la teoría de la existencia de un supuesto ‘acuerdo único y continuo’ de reparto de mercado, respecto del cual no solo no existen pruebas, sino que además es una conducta materialmente imposible”, expuso.
“Hacemos presente que la FNE ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para privar a nuestra representada de aquellos antecedentes mínimos necesarios para saber qué hechos se indagaron durante los 4 años y 10 meses que duró la investigación y poder defenderse”, añadió.
Por su parte, Linde Chile, pidió que se mantenga la exención de la multa y mencionaron que “cualquier pretensión tendiente a que se sancione a los beneficiarios de la delación compensada es jurídica y procesalmente improcedente, pues, conforme a la jurisprudencia de esta sede, no existe espacio siquiera para discutir una pretensión de dicha naturaleza, y menos aún, para ser acogida en sentencia del tribunal”.
“Tan pronto como se tomó conocimiento de los hechos que han dado lugar al requerimiento, se resolvió de forma inmediata e inequívoca ordenar el cese de cualquier conducta contraria a la normativa nacional de libre competencia”, aseguraron.
Junto con ello, aseveraron que “se resolvió […] suspender y posteriormente desvincular a los empleados de Linde Chile que las llevaron a cabo”.
