Al menos 115 personas que han vigilado, acosado, enjuiciado y reprimido a opositores del régimen cubano han emigrado hacia los Estados Unidos en los últimos años, reveló la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, organización con sede en Miami. Aunque no es un fenómeno nuevo, la emigración de represores cubanos se hizo masivo a partir de la reapertura de fronteras cubanas a fines de 2021, tras el cierre por la pandemia de COVID-19 y las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de ese año . Desde entonces, ha habido en Cuba un éxodo sin precedentes de más de medio millón de cubanos que han emigrado solamente hacia el país norteño. Exjueces, exfiscales, exfuncionarios y militantes del Partido Comunista , militares y represores en general arribaron a los Estados Unidos tanto por fronteras como por reunificación familiar y los programas de parole humanitario, implementados por la administración Biden desde enero de 2023. Esta identificación y exposición de quienes se dedican a reprimir a opositores dentro de la isla, «es nuestra forma de ayudar a los que están dentro de Cuba», expresó durante la presentación del estudio Tony Costa, director de la Fundación. De esa manera, precisó, podría evitarse que los funcionarios castristas arriben a Estados Unidos y, en caso de que lo hagan, tener herramientas para analizar su caso. Rolando Cartaya, uno de los autores de la investigación, explicó a ABC que «en junio de 2018 la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba hizo la primera denuncia formal de una organización del exilio sobre el establecimiento de represores cubanos no arrepentidos en los Estados Unidos». La Fundación posee una base de datos en la que han logrado identificar a 1.015 represores cubanos, de ellos 115 arribaron a los Estados Unidos fundamentalmente en los últimos tres años, lo que representa el 11, 33% del total de identificados. Para Cartaya y Luis Domínguez, dos de los investigadores que llevan la lista de represores, esta es una cifra «bastante significativa». «Son represores endurecidos, gente que dieron golpes en Cuba, que odiaban a los Estados Unidos. Ellos no pueden haber tenido una epifanía de la noche a la mañana y, de pronto, venir a los Estados Unidos como si hubiesen cambiado su forma de pensar en un minuto. Eso no es posible. A mí me parece que el Departamento de Seguridad Nacional debe tener mucho cuidado con estas personas porque Cuba es un Estado policial y es imposible que no sepan que estas personas están viniendo para acá», manifestó. Uno de los últimos en arribar a los Estados Unidos por reunificación familiar fue Manuel Menéndez Castellanos, quien fuera miembro del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro, una figura clave del castrismo por lo que incluso recibiera condecoraciones. Otro de los casos recientes es el de la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud (2012 -2018), Arelys Casañola Quintana. La exfuncionaria se estableció en Kentucky tras pedir asilo político el 20 de abril de 2024 alegando «miedo al socialismo». También solicitó asilo político la exjueza Melody González Pedraza, detenida desde su entrada al país, y responsable de condenar a prisión a cuatro jóvenes por protestar en contra el gobierno. Según el abogado Santiago Alpíza, se trata de personas que mintieron a las autoridades migratorias de Norteamérica pues en los formularios de emigración preguntan expresamente si formaron parte de organizaciones del Estado o militares. El abogado advirtió que los familiares de estos represores pudieran estar involucradas en algún tipo de fraude migratorio, por lo que pudieran incurrir en el delito de «perjurio» y ser condenados a cinco años de privación de libertad y hasta 250 mil dólares de multa. «Quienes patrocinan a estas personas conocen su pasado represivo», añadió. Por su parte, Cartaya alertó que estas entradas se han vuelto sospechosas porque hasta hace un tiempo había que esperar cinco años, después de pedir la baja del Ministerio del Interior y del Partido Comunista, para intentar salir del país. Cartaya declaró a ABC que la Fundación considera que «debe negarse la entrada a los Estados Unidos a todos aquellos que han sido responsables en Cuba de graves violaciones de derechos humanos como asesinatos, torturas, golpizas, y condenas largas e injustas a prisión, mientras que los que han cometido delitos más leves deberían expresar antes en Cuba, no a su llegada aquí, un arrepentimiento sincero de su pasado represivo, reconociendo y rechazando los abusos que han cometido y colaborando en la lucha por la democracia y los derechos humanos».
