El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la autorización para que los letrados de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia presenten el recurso de inconstitucionalidad contra la denominada Ley de Amnistía «que pretende extinguir la responsabilidad penal, administrativa y civil tras los actos cometidos con ocasión del proceso secesionista, por suponer una quiebra del Estado de Derecho y del principio de igualdad entre todos los españoles», además de considerar que se vulneran «al menos» 14 artículos de la Carta Magna. Este acuerdo, presentado por el consejero José Manuel González Gago, llega después de que el pasado 2 de noviembre, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se adelantara al resto de comunidades y anunciara la intención del Gobierno autonómico de presentar esta reclamación ante una norma aprobada finalmente por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio. El amplio y detallado Acuerdo adoptado por la Junta —más de 20 folios— se estructura en cuatro grandes bloques. En el primero de ellos, se acredita la legitimación de la Comunidad de Castilla y León para proceder a esta impugnación. Tras este punto, se recoge una crítica jurídica al texto legal en su conjunto respecto a la aplicación de la figura jurídica de la amnistía, por no estar como tal prevista en la Constitución, y a la utilización de un modelo de ley conocido como 'ley singular' a unos supuestos de hecho en los que no tiene encaje, con una errónea apreciación de las circunstancias de interés social que dicen perseguirse. Una vez hechas estas observaciones generales, el documento continúa con la impugnación de previsiones concretas de la ley en algunos de sus preceptos, y concluye con la impugnación de sus disposiciones, que también infringirán de forma concreta la Constitución.
