«En Venezuela, les quiero señalar que existe una libertad de expresión bastante más grande que acá». Con estas palabras, la diputada comunista Carmen Hertz encendió el debate en torno a la situación en Venezuela y la libertad de prensa para periodistas, justo al cumplirse un mes de los comicios presidenciales, donde las autoridades electorales confirmaron el triunfo de Nicolás Maduro en medio de numerosas acusaciones de fraude por parte de la oposición y buena parte de la comunidad internacional, incluido el Presidente Gabriel Boric, que catalogó al régimen chavista de «dictadura».
En diálogo con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la parlamentaria aseguró que en el país caribeño «hay diarios de oposición, cuestión que aquí no lo hay. Aquí los medios son hegemónicos, con una sola línea editorial, y los medios independientes básicamente son plataformas de streaming»
Las palabras de Hertz repercutieron inmediatamente, sobre todo considerando los numerosos informes y testimonios que evidencian casos de persecución a trabajadores de la prensa venezolana, al punto de que muchos de ellos han debido dejar el país. Asimismo, son varios los medios emblemáticos que han sido bloqueados por la dictadura y que incluso han debido funcionar en el extranjero.
La realidad es, al menos, preocupante. Según el último ranking de libertad de prensa 2024 elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), Venezuela aparece en el lugar 156° de un total de 180 países. A nivel latinoamericano, sólo supera a Nicacragua (163°) y Cuba (168°).
De acuerdo con RSF, desde la llegada de Maduro al poder en 2013, «las medidas gubernamentales en contra de la pluralidad de los medios se acentuaron».
«Debido al monopolio oficial sobre las importaciones de papel y de suministros para imprentas, desaparecieron las ediciones en papel de un centenar de periódicos en todo el país. Mediante una política opaca de concesión y revocación de las licencias de radio, las autoridades han obligado a echar el cierre a 200 emisoras de radio. Además, el Ejecutivo venezolano persiste en su bloqueo a los contenidos informativos en Internet», añadió la citada ONG.
A esto se suman otros factores, como la aprobación de la controvertida «Ley contra el Odio» que ha permitido sancionar a unos 80 venezolanos, entre ellos 17 periodistas y medios de comunicación, principalmente por criticar a figuras influyentes del país, sobre todo en redes sociales, precisó RSF.
«La libertad de prensa en estos momentos en Venezuela vive su momento más oscuro, de mayor mengua y de reducción a la mínima expresión y eso se está reflejando en una sociedad que vive amenazada por la opacidad, por la poca transparencia, por la precariedad en la que viven los periodistas», decía en mayo de 2023 a Voz de América la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, Marianela Balbi.
Ha pasado un poco más de un año y la situación no mejora. De acuerdo con el reporte anual de IPYS publicado en marzo pasado, entre enero y diciembre de 2023 se registraron 233 casos que sumaron 349 vulneraciones a las libertades informativas de trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos.
«Estos agravios fueron agresiones físicas o verbales (95), hechos de discurso estigmatizante (72), restricciones en internet (58), limitaciones de acceso a la información (43), actos de censura (33), restricciones administrativas (30), acciones de hostigamiento judicial (15) y en tres oportunidades se registró el indicador transversal de alerta de género», precisó la agrupación en el documento.
En la categoría de ataques verbales, el informe destacó al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y hoy flamante ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien en su programa televisivo «Con el mazo dando» tiene vía libre para insultar a quien se le cruce en el camino, incluyendo a autoridades internacionales como el Presidente Boric o a trabajadores de medios de prensa.
«Al aire, Cabello llamó palangrista al directivo de un medio digital; leyó cartas de presuntos informantes en las que se acusa a la periodista Ibéyise Pacheco y al director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, de darle fuerza a ‘una nueva campaña contra el régimen’; y a la coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela, partido político de la dirigente María Corina Machado, Claudia Macero, de ‘manejar una maquinaria comunicacional para destruir la reputación de cualquiera que no comulgue con los planes’ de la líder opositora», denunció el documento. El informe también resaltó que, durante el año pasado, 215 trabajadores de la prensa y 99 medios de comunicación social sufrieron restricciones informativas por parte del gobierno de Maduro, entre ellas 15 radios que sufrieron el cierre por parte de las autoridades.
El reciente cierre de 15 radios, así como el cese de la cadena de televisión online VPITV en enero pasado, son solo ejemplos de la sostenida persecución del gobierno chavista. De acuerdo con los datos de la ONG Espacio Público, en los últimos 20 años Venezuela ha sido testigo del cierre de más de 400 medios de comunicación entre diarios impresos, emisoras radiales, canales de televisión y plataformas digitales.
«Estos cierres fueron ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), quienes actuaron, en ocasiones, en compañía de cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, los funcionarios alegaron que las estaciones radiales se encontraban operando de forma clandestina, al no tener su estatus legal apegado a la ley», aseguró la organización.
De acuerdo con el medio El Nacional, entre 2008 y 2023 las autoridades han cerrado 405 medios. Los cierres, según este conteo, se intensificaron durante el gobierno de Maduro, que solo en los últimos dos años ha clausurado al menos 123 medios.
El caso más emblemático es el cierre en 2007 del canal RCTV tras 57 años de transmisión ininterrumpida. «¡No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión! Se acaba la concesión y ya está redactada la medida», decía meses antes el entonces Presidente Hugo Chávez.
Once años después, la prensa volvía a sufrir un golpe grande tras el cierre de la edición impresa del diario El Nacional, debido principalmente a las múltiples restricciones impuestas por el Estado a la venta de papel, negocio que controlaba completamente. Desde entonces, el medio ha publicado su trabajo por internet, sin embargo, la persecución es tal que ahora se encuentra bastante disminuido y operando desde el extranjero.
Todos estos hechos han repercutido en la pluralidad. Espacio Público recalcó que la falta de medios independientes o de oposición se ha sentido sobre todo en el interior del país. Sin ir más lejos, hay 13 estados que no cuentan con medios independientes: Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo.
Este control de los medios por parte del oficialismo se pudo ver también en la última campaña presidencial, donde los canales de televisión cubrieron todos los actos de Nicolás Maduro e incluso uno de ellos emitió un programa de talentos para buscar un jingle de campaña para el mandatario. De los masivos mítines del opositor Edmundo González no se vio absolutamente nada.
Estas irregularidades también han complicado a los periodistas. Según el IPYS, hay al menos 374 profesionales exiliados, quienes decidieron dejar el país por diversos factores. La mayoría, según la entidad, emigró entre 2016 y 2020, los años de mayor escasez de alimentos y productos de primera necesidad en Venezuela.
«Muchos periodistas terminan abandonando su profesión a causa de temores relacionados con su seguridad o la de sus familias en el país de origen y por las dificultades a las que se enfrentan para sobrevivir económicamente y superar los numerosos retos que supone vivir en un país extranjero. El exilio se convierte así en otra manera de silenciar las voces críticas, en otra forma de censura contra la prensa», decía la agrupación.
Recordado es el caso de Braulio Jatar, periodista chileno-venezolano que en 2016 fue detenido por las fuerzas de seguridad chavistas tras haber publicado una serie de videos de una actividad de Maduro en Isla Margarita, donde manifestantes lo abordaron y realizaron un cacerolazo para exigir su salida del poder. El relato oficial decía que el reportero nacido en Chile fue arrestado por lavado de dinero, tras hallar grandes sumas en su vehículo personal.
Tras más de dos años recluido, Jatar fue puesto en libertad. Tras eso, el periodista vive en Chile.
Pero no solo los periodistas locales han sufrido restricciones. Según el Instituto Prensa y Sociedad, la prensa extranjera también experimentó limitaciones durante la cobertura de la elección presidencial del pasado 28 de julio.
Para poder acreditarse y trabajar en Venezuela, los reporteros extranjeros debieron enviar una solicitud respondiendo a una serie de requisitos como una carta del director o editor del medio en el que trabaja, copia de los pasaportes y un breve currículum del solicitante.
«El lapso de apenas nueve días establecido para la acreditación de corresponsales extranjeros y enviados especiales fue muy corto y muchos y muchas periodistas extranjeros interesados en venir a Venezuela y dar cobertura al proceso electoral quedaron excluidos. De esa manera, la posibilidad de que la prensa extranjera sirva como fuente alterna de información quedó disminuida», denunció el IPYS.
A eso se suma la «escalada de agresiones verbales» por parte del gobierno de Maduro, que incluso emplazó a los medios extranjeros a denunciar el supuesto «golpe de Estado» del que sería víctima.
Por otro lado, al menos 11 profesionales de medios de comunicación -entre ellos los chilenos Iván Núñez y José Luis Tapia- fueron detenidos y posteriormente deportados por las autoridades venezolanas, impidiendo su trabajo.
Los datos están a la vista. Es probable que la persecución siga, mientras Maduro permanece en el poder.
La entrada Al menos 374 periodistas en el exilio y 405 medios cerrados: ¿Libertad de prensa en Venezuela? se publicó primero en EL NACIONAL.
