La vicepresidenta argentina, la ultraconservadora Victoria Villarruel, prometió este martes reabrir las causas de las víctimas de las guerrillas surgidas en los años 1970 y que se opusieron a la dictadura, una decisión que organizaciones de derechos humanos tachan de desconocimiento del "genocidio" cometido durante la época.
"Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años", dijo Villarruel, también presidenta del Senado.
"Todos los 'montoneros' tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación", prosiguió, refiriéndose a los miembros de la guerrilla que pregonaba un "socialismo nacional" y que fue sofocada durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), responsable de miles de muertos y desaparecidos.
El diario local La Nación informó que la reapertura de tales investigaciones sería realizada por una asociación civil fundada por la propia vicepresidenta.
Villarruel, quien es cercana a los militares, pone en duda el número de desaparecidos consensuado por organismos de derechos humanos (30.000) y asegura que la cifra real es cercana a 8.700.
Así como el presidente Javier Milei, Villarruel sostiene además que lo ocurrido en esos años fue una "guerra" en la que las fuerzas del Estado cometieron "excesos", en un discurso tildado como "negacionista" por referentes de derechos humanos.
En su intervención en el Senado, la vicepresidenta exigió saber "la verdad completa" y acusó a los expresidentes peronistas Néstor y Cristina Kirchner de "vanagloriar" los "crímenes atroces del terrorismo".
En respuesta, la agrupación HIJOS, formada por hijos de secuestrados y desaparecidos, publicó un comunicado en la red social X en el que "repudia la glorificación del terrorismo de Estado por parte de la vicepresidenta (...) desconociendo el genocidio", así como "los crímenes de lesa humanidad cometidos en más de 800 centros clandestinos".
El Centro de Estudios Legales y Sociales, una oenegé de derechos humanos, escribió de su lado que Villarruel "dice que las organizaciones armadas salieron impunes, (pero) no fue así: sus integrantes fueron torturados y tirados al mar".
En 1985, al regreso de la democracia, Argentina realizó un histórico juicio a las Juntas militares. Sobrevivientes dieron cuenta de un plan sistemático para perseguir y asesinar opositores, muchos arrojados al Río de la Plata en los llamados "vuelos de la muerte".
Tras anular leyes de amnistía en 2005, la justicia condenó a más de un millar de represores en unos 330 juicios por delitos de lesa humanidad. Decenas aún se están sustanciando.
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