La propuesta de reforma al Poder Judicial en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría tener repercusiones en el mercado laboral no solo de México, sino también de Estados Unidos y Canadá, en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con expertos.
La reforma judicial propuesta incluye cambios sustanciales como la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a partir de 2025, la reducción del número de ministros en la Suprema Corte, y la creación de nuevos órganos administrativos y disciplinarios dentro del sistema judicial.
Estos cambios, según expertos como Juan Carlos Baker Pineda, director general de Ansley Consultores, podrían socavar la certidumbre jurídica necesaria para el buen funcionamiento del T-MEC.
“El T-MEC no es más que el compendio de reglas sobre el cual la relación económica y comercial de México, Estados Unidos y Canadá se va a desarrollar. La certeza de que los compromisos que se asumen se van a cumplir es fundamental para el éxito de la región de América del Norte”, dijo el especialista durante el foro “Liberando el potencial de Norteamérica”, realizado por México ¿cómo vamos?
La preocupación principal radica en cómo estos cambios podrían afectar la protección de los derechos laborales, un aspecto crucial del T-MEC. Baker señaló que un poder judicial “menos robusto, menos profesional y menos conocedor de estos temas” podría redundar en contra de los trabajadores, independientemente de la nacionalidad de las empresas empleadoras.
El experto subrayó que el T-MEC ha beneficiado significativamente a México, desde sus trabajadores hasta sus exportaciones y tecnologías. Sin embargo, la incertidumbre generada por la reforma podría poner en riesgo estos avances.
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ya puso el tema sobre la mesa, cuando la semana pasada emitió una serie de comentarios sobre la relación comercial de su país con México, si se aprueba la reforma judicial.
