Con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención, el Congreso de Aguascalientes, de mayoría panista, aprobó este miércoles reformas al Código Penal para reducir la interrupción legal del embarazo de 12 a 6 semanas de gestación, reformas que van en contra a lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el año pasado sobre la despenalización del aborto.
En cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte, el 30 de agosto, el Congreso local tenía que aprobar una reforma que despenalizara el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación, lo cual significaría una victoria en una lucha de 35 años de colectivas feministas en el estado.
No obstante, en sesión extraordinaria y ya para despedirse de su gestión, la LXV Legislatura de Aguascalientes aprobó dos dictámenes que van en contra de la lucha de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Por un lado, se aprobaron reformas a los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal del estado, mismas que buscan cambiar la definición del aborto y las penalidades que este conllevaría y con las cuales se reduce de 12 a 6 semanas la interrupción legal del embarazo.
Dicha reforma fue presentada por 20 de los 27 legisladores de Aguascalientes y entre ellos se cuentan actores políticos que pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido de la Revolución Democrática (PRD), a Morena y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Por otro lado, con 23 votos a favor y en una discusión de menos de 10 minutos, el Congreso estatal aprobó la Ley de protección a la vida, enviada por la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, con la cual se busca complementar el retroceso en materia de aborto ya aprobado en el Código Penal.
En octubre de 2022, la Suprema Corte invalidó una parte de la norma de Aguascalientes que hablaba sobre “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, al apuntar que esta norma impedía el ejercicio del derecho a la autonomía reproductiva y de salud de las mujeres y personas gestantes (hombres trans y personas no binarias).
Antes, en septiembre de 2021, la SCJN ya había determinado que es inconstitucional que exista tal cosa como “la protección a la vida desde la concepción”, en las normas de Sinaloa, lo cual sentaba ya un precedente que los Congresos estatales deberían acatar en favor de los derechos a la salud y la autonomía de las mujeres.
Cuando la SCJN resolvió a favor de la interrupción legal del embarazo en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez reaccionó y dejó clara su postura en contra del aborto.
“El gobierno del estado, y en lo personal como gobernadora de Aguascalientes, somos provida. Nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar ningún aborto a pesar de que la Suprema Corte ha resuelto que suceda alguna situación en el Congreso”, dijo.
