Tras nueve meses investigado, el prestigioso abogado chileno Luis Hermosilla ingresó el martes en prisión preventiva imputado por delitos de lavado de activos, delito tributario y soborno, en una causa en la que pone en jaque a la élite chilena política, empresarial y judicial. La Justicia estableció 180 días de plazo para la investigación de este caso, donde también decretaron la prisión preventiva contra la abogada María Leonarda Villalobos y su esposo, Luis Angulo. «Existe una sospecha grave y fundada de que los imputados pudieran obstaculizar la investigación», sentenció el Cuarto Juzgado de Garantía. «Dado que se configuran los delitos pluriofensivos, hacen que la libertad de los imputados sea un peligro para la seguridad de la sociedad y, en consecuencia, se decrete la prisión preventiva», apuntó el tribunal.
Hasta noviembre del año pasado, Hermosilla era uno de los penalistas más influyentes y reputados de Chile, con una exitosa carrera de más de 40 años a sus espaldas y en la que ha tramitado causas de alta complejidad y de connotación pública. Por sus manos habían pasado políticos y grandes empresarios, como el empresario Claudio Spiniak (2003) o el sacerdote John O’Reilly (2014), ambos condenados por abusos sexuales; o la empresa Soquimich (SQM), implicada en un megaescándalo por financiación irregular de la política que en 2015 salpicó a líderes de la derecha tradicional y el centroizquierda.
En 2023, se hizo cargo de la defensa de Miguel Crispi, entonces jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, por el conocido como «Caso Convenios», unos cuestionados convenios entre fundaciones y organismos del Estado. Crispi prescindió de los servicios del abogado apenas se filtró un polémico audio que bautizó y dio origen a la causa en su contra, el llamado «Caso Audio». En el archivo sonoro que se difundió Hermosilla admitía a sus interlocutores que estaban cometiendo un «delito».
Tras las revelaciones la Fiscalía abrió una investigación en su contra por una trama de supuestos pagos irregulares a funcionarios de varias instituciones para obtener información privilegiada. Desde ese momento su carrera profesional y su reputación se hundieron por completo y el abogado ha estado bajo la lupa del Ministerio Público. Su hermano, Juan Pablo Hermosilla, se hizo cargo de la defensa.
«Yo creo que es importante decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, al tráfico de influencias también hay que enfrentarlo con mucha dureza. Acá no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos», declaró el presidente Boric después de conocer el fallo del tribunal. «Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla».
Luis Hermosilla, de 67 años, siguió los pasos de su padre y estudió Derecho en la Universidad Católica, una de las más prestigiosas del país. Allí se vinculó con quienes se convertirían en líderes de la derecha chilena, como el exministro del Interior de Sebastián Piñera y fundador del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), Andrés Chadwick, a quien terminó defendiendo en 2019 en una acusación constitucional presentada en su contra. Fue asesor del Ministerio del Interior en los gobiernos del hoy fallecido expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, al que representó en varios juicios.
A medida que avanzó la indagatoria en su contra, la causa abrió nuevas aristas. Una de ellas incluye al exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz, quien está en prisión preventiva acusado de violación de secreto por filtrar información reservada al abogado en distintas causas de alta relevancia. Según la prensa local, en los mensajes encontrados en el teléfono de Hermosilla se encontraron pruebas de su influencia en el nombramiento de ministros del Poder Judicial chileno en 2021.
El caso Hermosilla ha impactado con fuerza a un país que, según distintos índices internacionales, es uno de los menos corruptos de América Latina (junto con Uruguay y Costa Rica). Sin embargo, en el último tiempo han salido a la luz una larga lista de corruptelas que han involucrado a altos cargos policiales y del Ejército, políticos y jueces chilenos. A pocos días de destaparse el caso contra el prestigioso abogado, la encuesta Cadem reveló cifró en un 84% quienes opinan que en Chile hay mucha corrupción, un 14% más respecto a la última vez que se formuló esta pregunta a la ciudadanía, en marzo de 2015.
