La alianza de partidos de izquierda cuenta con el mayor número de escaños en la Asamblea Nacional y reclama al presidente que encargue la formación de gobierno a su candidata, Lucie Castets
La derecha francesa tiende la mano a Macron con la propuesta de un “pacto legislativo”
Más de 50 días después de las elecciones legislativas, Francia continúa con un Gobierno y un primer ministro en funciones. Pasada la tregua de los Juegos Olímpicos, el pasado viernes Emmanuel Macron inició una primera ronda de consultas con los líderes de los principales partidos políticos, tras los que el jefe de Estado anunció haber descartado la proposición de nombrar a Lucie Castets, representante del Nuevo Frente Popular, la coalición de partidos de izquierda que cuenta con el mayor número de diputados.
“La estabilidad institucional dicta que ésta no debe ser la opción escogida”, anunció el lunes el palacio del Elíseo a través de un comunicado. Un Gobierno “basado únicamente en el programa y en los partidos propuestos por la alianza con más diputados, el Nuevo Frente Popular, sería inmediatamente censurado por todos los demás grupos representados en la Asamblea Nacional”, justificó el presidente.
El nombramiento del primer ministro es prerrogativa exclusiva del jefe de Estado y la Constitución no exige la celebración de una votación de investidura ni una moción de confianza en el Parlamento tras la designación. Tampoco pone condiciones al presidente sobre quién puede ser nombrado, ni establece un plazo para hacerlo.
En un país acostumbrado a las mayorías absolutas en el Parlamento, la fragmentación de la actual Asamblea Nacional obliga a buscar nuevas fórmulas, después de que Macron convocara por sorpresa las legislativas en junio. Ahora, ante la ausencia de grandes mayorías parlamentarias, Emmanuel Macron ha decidido poner un requisito previo al nombramiento de un nuevo primer ministro: que exista un acuerdo entre varias fuerzas políticas de forma que se garantice la capacidad de resistir una moción de censura.
En caso de activarse la moción de censura el voto de 289 diputados (de los 577 que forman la cámara baja) obligaría al Gobierno a dimitir y al presidente a aceptar la dimisión. En este contexto, Macron se escuda en que el resto de las formaciones políticas –incluyendo su partido– han anunciado que votarán la censura de cualquier Gobierno del Nuevo Frente Popular (NFP).
En las últimas legislativas, el NFP obtuvo 193 diputados, insuficientes para resistir una potencial moción de censura votada por la coalición presidencial (166), la derecha (47) y la extrema derecha (142). Así, el jefe de Estado es a la vez juez y parte en el actual proceso de formación de gobierno: el bloqueo parlamentario al NFP, en el que participa su partido, es la razón en la que se escuda para no permitir que el Nuevo Frente Popular intente formar un ejecutivo.
Inicialmente la presencia de Francia Insumisa (LFI) fue el argumento que esgrimieron los partidos de centro y derecha para negar al NFP la posibilidad de gobernar. La posibilidad de ministros venidos de LFI fue citada como línea roja por distintos líderes políticos, incluidos Macron y el todavía primer ministro, Gabriel Attal.
Pero el domingo, el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, sorprendió proponiendo un gobierno del NFP sin presencia de insumisos, pero con el apoyo de su formación. Eliminando así el obstáculo que Macron y la derecha habían puesto. Ese anuncio de Mélenchon cogió a contrapié a los líderes de los partidos que tuvieron que cambiar el discurso: el problema ya no era la presencia de insumisos, sino el programa.
Gabriel Attal fue el primero en minimizar la “pretensión de apertura” de Mélenchon y afirmó que, incluso sin presencia en el gobierno, los insumisos exigirían “la aplicación pura y simple de su programa, sin apertura ni compromiso”. Una afirmación que contradicen diferentes declaraciones de Lucie Castets en las que ha propuesto buscar acuerdos parlamentarios fuera de la coalición, planteando además un método de trabajo “más colaborativo” para la Asamblea.
Por otro lado, Jordan Bardella y Marine Le Pen confirmaron el lunes, tras su reunión con Macron, su intención de censurar cualquier gobierno de izquierda, con o sin presencia de LFI. “No vamos a permitir una política que pretende agravar considerablemente la inmigración, regularizar a los sin papeles, suprimir la ley antiokupas y otras cosas que la mayoría del país rechaza”, advirtió Le Pen.
Desde el principio, Emmanuel Macron ha declarado su voluntad de impulsar un gobierno que cuente con el apoyo de los diputados de centro, de la derecha y de una parte del NFP (excluyendo a Francia Insumisa). El presidente ha subrayado su rechazo a medidas centrales del programa del NFP, como la anulación de la última reforma de las pensiones, aprobada en contra de la opinión pública y que la coalición progresista podría suprimir con sus votos y los de la extrema derecha.
Si la derecha se ha mostrado favorable a un pacto parlamentario para un gobierno técnico –excluyendo formar parte de dicho Ejecutivo–, la coalición de partidos progresistas mantiene la unidad y ha anunciado que votará en contra de cualquier primer ministro que no sea Lucie Castets. Sólo una parte del Partido Socialista (PS), hostil a Mélenchon, parece dispuesta a romper con el NFP. Sin embargo, el secretario general del PS, Olivier Faure, no pertenece a esa corriente; de hecho, ha sido uno de los principales actores de la unión de la izquierda.
Siguiendo esta estrategia, Gabriel Attal –que además de primer ministro es el jefe del partido macronista– ha tendido la mano a una parte de las fuerzas progresistas, asegurándoles que está “dispuesto a evolucionar” en los métodos y que apoya “el nombramiento de un primer ministro que no proceda de [sus] filas”. Los nombres de dos socialistas, Bernard Cazeneuve y Karim Bouamrane, están en las quinielas. En los últimos días además se evoca la hipótesis de un tecnócrata, venido de una gran institución y ajeno a los partidos políticos como posible solución.
De momento el presidente de la República ha convocado una nueva ronda de conversaciones con el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista Francés (PCF) y Europa Ecología-Los Verdes para intentar encontrar “vías” de cooperación con los partidos del bloque presidencial. Los insumisos no han sido invitados, como tampoco lo han sido Agrupación Nacional de Marine Le Pen y su aliado Éric Ciotti.
El comunicado del Elíseo provocó una avalancha de críticas entre los partidos del Nuevo Frente Popular, que se han negado a acudir a la segunda ronda de consultas y han anunciado que sólo volverán al Elíseo a “discutir los detalles de una cohabitación”. “Estamos ante un presidente de la República que quiere ser al mismo tiempo presidente, primer ministro y jefe de partido. Las instituciones no pueden funcionar así”, denunció Lucie Castets el martes por la mañana en los micrófonos de la radio pública France Inter.
Los diputados LFI, por su parte, han anunciado que presentarán una moción de destitución contra Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional (aunque la viabilidad de esta opción, en las circunstancias actuales, es escasa). Varios miembros de LFI, así como el líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, han llamado a “una gran movilización popular” para el 7 de septiembre y han pedido “al pueblo francés a movilizarse, en las calles, en el Parlamento, en su lugar de trabajo, ante las prefecturas y en los despachos de los diputados”.
En la misma línea el líder de los socialistas, Olivier Faure, también anunció el martes en France 2, su participación en estas manifestaciones (aunque una parte del PS se ha desmarcado de las manifestaciones). Hace unos días Faure rescataba en Twitter una frase del personaje de Alain Delon en la famosa película El gatopardo, para resumir la postura de Emmanuel Macron: “Todo tiene que cambiar para que nada cambie”.
