El último 2 de agosto, el Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373 que define los parámetros para que el Estado pueda extinguir el dominio de las propiedades adquiridas con dineros de origen ilícito. De acuerdo con el Poder Judicial, esto podría beneficiar a testaferros y corruptos cuyas riquezas están a nombres de terceros.
Lo curioso de este hecho es que, se da en el contexto de la presentación de una demanda de extinción de dominio a 2 cuentas bancarias del prófugo Vladimir Cerrón por un monto superior al de S/1.500.000. Como se recuerda, el Defensor del Pueblo fue anteriormente amigo y abogado de Cerrón, por lo que se presume que puede haber un "conflicto de intereses".
Le consultamos a tres abogados penalistas para que nos puedan brindar un panorama más amplio sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Extinción de Dominio.
De acuerdo con el abogado penalista, Stalin Vega, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo, sería "nocivo para la sociedad" porque reflejaría "un retroceso en la lucha contra la corrupción, crimen organizado y delitos anexos".
También, beneficiaría principalmente a las personas investigadas e incluso condenadas por narcotráfico, crimen organizado, extorsión, entre otros. Precisa que no habría una gama exacta de delitos porque existe un decreto legislativo que considera que todos los delitos podrían generar alguna ganancia ilícita.
Asimismo, indicó que los letrados que están a favor de la medida del Defensor del Pueblo suelen indicar que la actual norma estaría vulnerando el principio de inocencia y la protección patrimonial, pero estarían ignorando que "la extensión de dominio no está dirigida al ciudadano, a la persona investigada, sino hacia los bienes".
Por su parte, el abogado penalista, Francisco Chumpitaz, concuerda con lo dicho por Vega e indica que afectaría de forma negativa no solo a los procesos penales, sino también a las sentencias judiciales en contra de aquellos que incurran en estos delitos, sea narcotráfico, minería ilegal, entre otros.
En contraparte, el abogado penalista Benji Espinoza alegó que la demanda de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo le parece "correcta", pues señala que la actual normativa avasalla derechos.
"La propia ley establece que una vez planteada la demanda de extinción de dominio, que implica básicamente quedarte con la propiedad de origen ilícito, es el afectado demandado el que debe demostrar que el origen es lícito, es decir hay una clara inversión de la carga de la prueba", precisa Espinoza.
"Esto quiere decir que el demandado tiene que probar que su propiedad tiene origen lícito, cuando en realidad Fiscalía es la que debería demostrarlo, porque es quien está demostrando que se trata de un bien cuyo dominio está manchada con ilicitud de origen", explica.
Por otro lado, alega que en la actual norma hay un dispositivo en el cual, "la buena fé se determina por la sentencia del juez", y eso le correspondería al derecho civil, por lo que se asume a la presunción.
Sin embargo, si considera que si debe ser discutible es el asunto de la propiedad. "El planteamiento de la Defensoría del Pueblo es que si afecto el derecho a la propiedad, existirían medidas alternativas. Considero que es un punto que se puede desarrollar más", precisó.
De acuerdo con Stalin Vega, la demanda de inconstitucionalidad presentada por Josué Gutiérrez se presenta a suspicacias, no solo por haber sido abogado del ahora prófugo Vladimir Cerrón, sino también por haberlo presentado en el plazo límite que tenía para presentar la inconstitucionalidad de esta norma.
"Recordemos que son 6 años (el plazo límite) y el decreto legislativo se promulgó en el 2018, entonces este año vencía el plazo que el tenía para poner su demanda. Personalmente considero que genera mucha suspicacia", indicó.
Por su parte, el abogado Benji Espinoza señaló que se tendría que ver si "existe un conflicto de intereses". "Cuando la ley se reforma puede beneficiar a distintas personas. Tendríamos que estar en la mente de Josué Gutiérrez para saber. Si su demanda no tiene fundamentos se podría llegar a la conclusión de que está haciendo un favor a Cerrón. (Para mí) en sí mismo los fundamentos me parecen fundados, correctos y razonables", puntualizó.
Finalmente, el letrado Francisco Chumpitaz precisó que si bien, para él, es evidente que hay un claro conflicto de intereses, esto no impediría que la demanda sea tramitada, puesto que es facultad del Defensor del Pueblo. Sin embargo, detalló que la modificación a la ley de extinción de dominio no solo afectaría el proceso contra este cuestionado personaje, sino que también afectaría directamente otros procesos en trámite en todo el país.
"Como ha declarado el mismo propulsor de la demanda, no ha consultado ni ha tenido la asesoría jurídica adecuada, por lo que se prevee que la demanda, una vez revisada por el Tribunal Constitucional, será rechazada", señaló.
