La Contraloría General de la República se pronunció por la contratación a honorarios en la Municipalidad de La Florida del abogado y candidato a gobernador de la Región Metropolitana, Francisco Orrego. El ente objetó dicha contratación, afirmando que sus labores no estaban relacionadas con fines municipales.
Todo comenzó por una denuncia realizada por el concejal Reinaldo Rosales (PPD), quién en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, detalló cómo partió el caso. “Los concejales tuvimos conocimiento de esta contratación, y en mi caso, lo que hice fue requerir antecedentes para evaluar si se ajustaba a derecho o no”, comenzó relatando.
“Cuando me remitieron antecedentes, también accedí a la página de transparencia de la municipalidad de La Florida y comencé a analizarlos. Y ahí nos pudimos dar cuenta de que existían funciones que no guardaban relación con las tareas municipales. Pudimos corroborar que había tareas asignadas al señor Orrego que guardaban relación, por ejemplo, con la biografía de Héctor Llaitul”, detalló Rosales, asegurando que en ese momento advirtió que la contratación del abogado y candidato a la gobernación de la Región Metropolitana era para “fines personales del alcalde Carter”.
Evidenciando el problema de que esta contratación “se estaba haciendo con recursos municipales”, Rosales también advirtió a Contraloría respecto a la finalidad detrás de este caso. “Yo lo dejé por escrito en la solicitud que hice a Contraloría, creo que esto se asemeja más a una asesoría personal a un precandidato presidencial”, lanzó el concejal.
“Porque lo que tenemos ahí son productos que guardan relación con análisis político de la contingencia nacional, e incluso, internacional”, expuso Rosales respecto de los informes redactados por Francisco Orrego para Rodolfo Carter.
Del oficio entregado por Contraloría, se desprende que dichos informes abarcaron diversas materias de interés nacional e internacional, como por ejemplo: “el convenio de colaboración firmado por el Subsecretario del Interior con el Gobierno de Venezuela”; “los efectos criminales del Tren de Aragua y el desconocimiento de la misma por las autoridades venezolanas”; “nuevo mártir de Carabineros, antecedentes penales y fallas en los procesos investigativos” y “Biografía de Héctor Llaitul”.
Según lo señalado por el ente contralor, las labores de Orrego contratadas por Carter “no corresponden a las finalidades del municipio la elaboración de minutas comunicacionales de análisis de contingencia política”. Es por esto que exigieron a la municipalidad “regularizar dicha situación”.
Sobre la índole de los informes, el concejal Rosales criticó que estos se realicen con recursos municipales. “Yo no tengo ningún problema con que el señor Orrego sea contratado para esos fines, pero que se contrate con el bolsillo de la persona que va a utilizar estos servicios y en este caso no son los vecinos de La Florida”, apuntó.
Rosales también cuestionó el interés del alcalde Carter por temas no relacionados a las necesidades de la comuna y que se esté “distrayendo de sus funciones”. “Llevamos muchos años en que no pareciera que tenemos un alcalde, sino más bien un candidato a la presidencia. La Florida ha quedado abandonada y se nota en que hay Cesfam sin medicamentos, tenemos las veredas que están en mal estado, tampoco hay interés en temas de seguridad”, afirmó sobre el mandato del actual edil.
A través de un comunicado, desde la Municipalidad de La Florida afirmaron que el abogado “dejó de prestar servicios profesionales” a comienzos de agosto. “La Contraloría General de la República no ha notificado formalmente a este municipio del dictamen referido al Señor Francisco Orrego. Por tanto, y una vez que ello ocurra, se analizarán los antecedentes que sean tenidos a la vista y se entregará oportunamente nuestra respuesta ante el ente contralor”, expusieron.
Sobre este pronunciamiento, Reinaldo Rosales aseguró que “me parece bien”, pero insistió en que “la verdad es que de acuerdo a los antecedentes que tenemos, él nunca prestó servicio a la municipalidad”.
“Lo que me gustaría que ocurriera es que se devolvieran los recursos. Tenemos una serie de necesidades como para estar botando la plata. Esperamos que la Contraloría solicite la restitución de lo pagado y se abra un juicio de cuentas también con respecto a este tema”, cerró el concejal.
