En su última comunicación oficial enviada a la Comisión Europea (CE), el Gobierno central dice tener las manos atadas ante los «graves perjuicios» que genera el expediente sancionador abierto contra la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048 –otorgada en el año 2000 por el gobierno de José María Aznar–. Un expediente que denuncia la ruptura de reglas de publicidad, de los principios de igualdad de trato y de los de transparencia. La prórroga, argumenta el órgano europeo, debía haberse anulado tres años después de su concesión, cuando se privatizó la autopista; pero el Estado considera vulnerado el principio de seguridad jurídica por cuestionarse la decisión «más de 20 años después» y emplear como base una jurisprudencia «inaplicable». La razón: la llamada excepción 'in house', por la que, al haber sido la concesionaria de control estatal y habiendo realizado su actividad para el Estado, quedó vedada la participación de accionistas privados, de modo que, sostiene el Gobierno, no resultan de aplicación los principios de igualdad de trato y de transparencia ni los argumentos volcados por la CE en ese sentido. Así se recoge en el informe del Ejecutivo remitido hace unos días a la Comisión –en respuesta a la segunda carta de emplazamiento enviada a España por este proceso–, que niega las supuestas infracciones denunciadas por la CE, según han confirmado fuentes europeas a Ep; incluyendo la aplicación de la directiva europea sobre reglas de publicidad, aludiendo que no regula las modificaciones de las concesiones. En este escenario, la «indefensión» que alega el Gobierno viene dada por los «graves perjuicios que su indebida prolongación –la del expediente– genera», tanto al Estado español como a terceros, «aspectos que la Comisión debería remediar», cita el escrito. El expediente europeo, prosigue, «abunda en presunciones y juicios de valor», cuando, recuerda el Estado, por norma debe basarse en «un planteamiento presidido por la mayor objetividad, nunca en suposiciones». Y concluye, explícitamente, que «no se ha producido ningún incumplimiento» de la directiva europea sobre reglas de publicidad o los principios de igualdad de trato y transparencia. Fuentes del Ejecutivo han trasladado también que, aunque no comparten la decisión adoptada por el gobierno de Aznar en el 2000, es su responsabilidad «velar por el interés general». En esa línea, busca evitar el alto coste que conllevaría una anulación de la concesión, en manos del operador privado Audasa, al que debería entregar compensaciones. Concretamente, según había cifrado el ministro de Transportes, Óscar Puente, unos 4.000 millones de euros, a los que se sumarían otros 2.000 si se formalizase la transferencia a Galicia.
