El pasado 13 de agosto, el Ministerio del Interior presentó la oferta de contratación de una persona jurídica para la defensa legal del titular de su cartera, Juan José Santiváñez, por una investigación penal en su contra por el presunto delito de corrupción. Según el documento al que La República tuvo acceso, se habría invitado a la empresa Caro & Asociados, con razón social DCC Consultores S.A.C., mediante correo institucional a participar directamente de la oferta.
De hecho, al ser la única empresa para la contratación y que cumpliría con los requisitos solicitados, el mismo 13 de agosto se adjudicó el proceso a "dedo". De esta manera, la propuesta del estudio Caro & Asociados ganó el proceso de selección.
En el documento de la secretaria del Mininter también se explica que el precio de la oferta para ser la defensa legal de Santiváñez sería de 120.000 soles, que es la sumatoria del honorario fijo por 60 mil soles y la comisión de éxito por el mismo monto. El estudio de abogados, según información en su página web, es especialista en brindar servicios en derecho penal y en delitos contra la función pública.
Con relación a la investigación penal que se señala en el documento, esta no tendría relación con los audios recientemente difundidos por este medio, donde se expondría que Dina Boluarte habría exigido la desactivación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Sino porque, según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se dispuso iniciar investigaciones preliminares por un plazo de 120 días en contra de Juan José Santiváñez y otros implicados más, por presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible cuando era viceministro.
Además, esta no sería la única investigación en contra de Santiváñez por el que el estudio Caro & Asociados asumiría su defensa legal. Tal como lo anunció semanas atrás el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se inició una investigación preliminar —por un plazo de 60 días— contra el ministro del Interior por el delito de abuso de autoridad tras enviar un audio en el que mencionaba que "controlen al periodista del portal La Encerrona" y luego habría ordenado un proceso disciplinario 'injustificado' contra el efectivo policial que difundió dicha grabación.
Por su parte, el titular del Mininter confirmó para La República que ambas denuncias, por abuso de autoridad y de negociación incompatible, son las que la firma Caro & Asociados asumirá en su defensa. Además, se refirió al monto del contrato, indicando que no es una cifra alarmante, ya que anteriormente se han pagado sumas más altas para otros ministros.
