Fiscal especial pide retomar el caso contra Trump por documentos confidenciales
El fiscal especial Jack Smith pidió este lunes a una corte federal de apelaciones de Estados Unidos que anule el fallo de una jueza que desestimó los cargos contra el expresidente Donald Trump por haberse llevado documentos confidenciales cuando se marchó de la Casa Blanca.
Aunque la corte fallara a favor del fiscal Smith, un posible juicio de Trump no podría celebrarse antes de las elecciones del 5 de noviembre.
La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, actual candidato republicano a las presidenciales, desestimó el caso de los documentos el mes pasado con el argumento de que Smith fue nombrado ilegalmente, usurpando el papel del Congreso.
Smith, quien fue nombrado por el fiscal general del presidente Joe Biden, Merrick Garland, apeló la decisión de Cannon ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.
En sus argumentos de 60 páginas, Smith alega que ha habido una "larga tradición de nombramientos de fiscales especiales" por parte de fiscales generales anteriores y que el Congreso había respaldado la práctica.
"El razonamiento del tribunal de distrito también plantearía interrogantes sobre cientos de nombramientos en todo el Poder Ejecutivo, incluidos los Departamentos de Defensa, Estado, Tesoro y Trabajo", añadió.
La defensa tiene ahora treinta días para responder y después el fiscal especial dispondrá de tres semanas para formular un contraargumento.
En este caso -uno de los cuatro procesos penales abiertos contra Trump- se acusa al exmagnate de haber puesto en peligro la seguridad nacional conservando documentos que incluían planes militares e información sobre armas nucleares, en su mansión en vez de entregarlos a los Archivos Nacionales como exige la ley.
Además se le acusaba de intentar destruir pruebas.
Los cargos más graves se castigaban con hasta 10 años de prisión.
Sin pronunciarse sobre el fondo del caso, la jueza Cannon se basó en la posición del juez conservador de la Corte Suprema Clarence Thomas en una sentencia dictada el 1 de julio que concluye que un expresidente tiene amplia inmunidad frente a un proceso penal.