Paul Watson, uno de los activistas contra la caza de ballenas más famosos del mundo, fue arrestado en Groenlandia a finales de julio y se enfrenta a una pena de prisión de 15 años si es extraditado a Japón
Nacionalismo, lujo y turismo mantienen la caza de ballenas a pesar de las dudas de Islandia
La detención en Groenlandia de un famoso activista defensor de las ballenas ha despertado desde hace semanas la atención mundial y la preocupación en Dinamarca, que teme que el caso desemboque en un embrollo jurídico o una crisis diplomática de difícil salida.
El activista canadiense Paul Watson, de 73 años, fue detenido el pasado 21 de julio por 14 policías daneses que esperaban la llegada de su embarcación en el puerto de Nuuk, en territorio autónomo danés. Sobre Watson pesa una orden de detención internacional emitida por la Interpol a petición de Japón, que Dinamarca ejecutó cuando el activista llegó a Groenlandia.
Desde entonces, este veterano activista, famoso por su lucha contra la caza ilegal de ballenas, ha estado detenido en la capital de la isla a la espera de que el Ministerio de Justicia danés decida sobre su extradición a Japón. En el país asiático, Watson se enfrenta a una pena de prisión de 15 años y a una multa de 3.000 euros.
El caso ha generado una oleada de solidaridad de parte de famosos de Hollywood, como el actor Pierce Brosnan o el director de cine James Cameron, y también del músico Bryan Adams. A nivel político, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tardó solamente un día en pedir en una carta abierta a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la puesta en libertad inmediata del activista, que residía en Francia hasta su arresto.
A la petición de Macron se sumaron 73 políticos europeos encabezados por el excandidato a la presidencia francesa, Jean-Luc Mélenchon, junto a eurodiputados de Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, España e Italia.
La orden de detención sobre Paul Watson se remonta a unos hechos ocurridos en el año 2010, por los que Japón acusa al activista de causar daños a una embarcación ballenera y provocar lesiones en uno de los tripulantes. Los hechos ocurrieron cuando la embarcación japonesa Nisshin Mariu, conocida entre los activistas medioambientales como un “matadero flotante”, navegaba por aguas de la Antártida.
Según la acusación, desde una lancha rápida los activistas intentaron frenar la actividad del ballenero lanzando ácido butírico, un gas fétido que puede causar quemaduras en la piel. El gas habría causado heridas a un tripulante que en ese momento estaba en la cubierta del barco, sin embargo, la defensa de Paul Watson niega estos hechos y, para refutarlos, ha presentado un video que demostraría que en el momento de la acción no había nadie en cubierta.
Tras la acción, el activista neozelandés Pete Bethune fue detenido y condenado a dos años de prisión en Japón. Además, Paul Watson no se encontraba en la lancha de los activistas cuando se registraron los hechos, pero se le acusa de ser el responsable de la acción, por lo que desde el año 2012 ha pesado sobre él una orden de detención internacional.
El caso tiene tanta repercusión internacional seguramente porque Paul Watson es considerado un icono moderno del activismo medioambiental y ha protagonizado numerosos encontronazos con buques balleneros, a menudo utilizando métodos considerados como radicales o poco convencionales.
Además, Watson es también el protagonista del reality show Whale Wars (guerras de ballenas), una serie documental que se emite en distintas plataformas en todo el mundo y que recoge las acciones de Watson contra balleneros en alta mar.
El activista fue uno de los fundadores de Greenpeace, organización que dejó en 1977 por desavenencias con sus métodos poco ortodoxos en las acciones reivindicativas. Más tarde fundó la ONG Sea Shepherd, que también acabó abandonando para crear su propia fundación Paul Watson.
Antes de que fuera detenido en el mes de julio en una parada de repostaje en Nuuk, Watson anunció en un video que se dirigía con su embarcación hacia la zona del Pacífico norte occidental. Allí tenía intención de interceptar el ballenero japonés Kangei Maru, con capacidad de almacenar 600 toneladas de carne de ballena, empaquetarla y congelarla para su comercialización.
La defensa del activista está liderada por el abogado danés Jonas Christoffersen, quien cree que la pena de 15 años a la que se enfrenta su cliente si es extraditado a Japón “es completamente desmesurada por los cargos de robo, daños en la propiedad e impedimento de la actividad profesional que se le imputan”. Los abogados de Watson también han expresado dudas sobre que su cliente pueda tener un interrogatorio y un juicio con garantías en ese país.
Por su parte, la presidenta de la organización Sea Shepherd, Lamya Essemlali, explicó que, para las autoridades niponas, la detención “tiene un gran peso político, ya que Watson se ha convertido en un símbolo contra la caza de las ballenas que ahora quieren destruir, enviando un mensaje a todo el movimiento ecologista”.
A pesar de que la caza de ballenas fue prohibida por un acuerdo internacional en 1986 —que inicialmente Japón suscribió—, en el año 2019 Tokio se retiró del acuerdo y, desde entonces, sus barcos balleneros han retomado la actividad. Actualmente, la caza de ballenas sólo está permitida para usos científicos, pero Japón, Islandia y Noruega permiten la caza comercial de estos cetáceos. En Japón, el consumo de ballena cada vez es más reducido, sin embargo, la industria ballenera sigue teniendo el apoyo estatal al considerarse parte de la tradición del país asiático.
El caso de la detención de Paul Watson ha tomado por sorpresa al Gobierno de Dinamarca, que no sabe muy bien cómo reaccionar, según valoraban los medios de comunicación locales. Desde el Ministerio de Justicia, encargado de decidir sobre la extradición del activista, se comunicó que “se estaba valorando jurídicamente”, subrayando que nunca antes se había recibido una petición igual por parte de Japón. El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, afirmó que es poco probable que se pueda frenar la extradición del activista, a pesar de que sería muy polémica.
Según explicaba a la cadena pública DR el analista del Instituto Danés de Asuntos Internacionales, Ulrik Pram Gad, el caso también ha generado conflictos dentro de Dinamarca con su territorio autónomo de las Islas Feroe, donde se defiende y se practica la caza de cetáceos: “Dinamarca puede tener un problema de imagen con sus aliados europeos si lleva a cabo la extradición, pero la decisión puede tener un coste a nivel interno y en las relaciones con Japón”. Por el momento, el tribunal de Nuuk ha prorrogado la prisión provisional para Paul Watson hasta el 5 de setiembre, a la espera de que las autoridades encuentren una salida al asunto.
